Ciudad de México.– A medida que se acerca la jornada electoral del 1 de junio, en la que se renovarán puestos del Poder Judicial local en 19 entidades del país, han salido a la luz preocupaciones sobre la idoneidad de algunos aspirantes.
De acuerdo con una investigación de El Universal, varias ONG han señalado la postulación de perfiles que no cumplirían con los principios de probidad requeridos, al estar presuntamente vinculados a redes de protección criminal o a intereses partidistas.
Entre los casos más relevantes destaca el de Silvia Rocío Delgado García, propuesta en Chihuahua, quien en 2016 formó parte del equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.
Según el colectivo Defensorxs, Delgado promovió amparos en favor del capo, lo que ahora pone en entredicho su postulación como jueza penal.
Otro perfil bajo cuestionamiento es el de Erik Salvador Nevarez Estrada, candidato a juez penal en Benito Juárez, Chihuahua, señalado por haber liberado a Enrique López Acosta, alias “El Cumbias”, presunto jefe de una célula del Cártel de Sinaloa implicado en masacres.
A esta lista se suma Óscar Sámano Alarcón, con antecedentes de cercanía a estructuras políticas estatales.
Estas revelaciones coinciden con la admisión del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció públicamente que al menos una veintena de perfiles federales a elección podrían tener vínculos con el crimen organizado.
La alerta sobre los riesgos que implicaría legitimar a candidatos con antecedentes controvertidos subraya la necesidad de un escrutinio más riguroso antes de validar sus designaciones.
