En el entramado gubernamental, hay nombramientos que despiertan más dudas que certezas. Tal es el caso de Irma Aída Dávila Espinoza, designada como titular de la Oficina de la Gobernadora (y de la Oficina del Programa de Gobierno, dependencias que se fusionarían luego de una reingeniería, según anunciaron), bajo cuya responsabilidad recae la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 (PVD), documento rector que debió estar listo el pasado 31 de marzo de 2025.
Dávila Espinoza tiene experiencia en la administración pública en cargos lejanos a la toma de decisiones, pero más que por sus capacidades, su presencia en la dependencia se atribuye a su papel como asistente directa de la gobernadora Rocío Nahle.
Lo que se comenta es que su llegada fue una imposición de un diputado local que presume cercanía con la mandataria. Desde entonces, opera rodeada de un equipo improvisado, con más lealtades personales que perfiles técnicos.
A la fecha, no hay información pública que confirme si el PVD fue entregado en tiempo y forma. Este retraso, de ser cierto, no es menor: el PVD es la brújula que orienta las políticas y acciones del gobierno estatal. Su ausencia o demora refleja desorganización y falta de compromiso con la planeación estratégica.
La administración pública exige más que cercanías o cuotas políticas; requiere competencia, experiencia y resultados tangibles.
La ciudadanía merece saber si el PVD está listo y, de no ser así, las razones de su retraso. Veracruz no necesita un plan de amistades, sino un Plan de Desarrollo sólido y oportuno.
