Por Fanny Yépez
A raíz del escándalo de corrupción, conflicto de intereses, triangulación de recursos y adjudicaciones dirigidas hacia ciertos proveedores, descubiertos en el Instituto Nacional Electoral (INE), surgió una línea de investigación que relaciona a funcionarios del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz con la red de proveedores del INE.
El reciente escándalo de corrupción que involucra a la presidenta del INE Guadalupe Taddei ha encendido las alarmas de analistas y organismos civiles, debido al fuerte golpe que representa para la credibilidad del árbitro electoral, en la antesala del proceso de 2027. Los señalamientos específicos apuntan a presuntas irregularidades en contratos millonarios asignados a proveedores de materiales electorales, conflictos de interés y una red de favoritismos.
Los funcionarios señalados
Los nombres clave que conectan al OPLE Veracruz con esta red de contratistas del INE son: Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario ejecutivo del OPLE Veracruz. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se le señala por figurar, presuntamente, como apoderado legal de Cajas Graf S.A. de C.V., una de las empresas principales de la red de los hermanos Hernández Casillas, altamente favorecida con contratos millonarios en el INE.
También se menciona a Jesús Octavio García González, exfuncionario electoral de origen xalapeño y pieza central en la conexión con Veracruz.
Este personaje fungió como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE hasta abril de 2026. De acuerdo con reportes periodísticos del 25 de octubre de 2026, Jesús Octavio García González —exencargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE y originario de Xalapa— es señalado como pieza clave en la alteración de bases de licitación para la fabricación de credenciales de elector, con el fin de favorecer a una empresa controlada por su tío.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga presuntos usos indebidos de recursos públicos, contrataciones irregulares, conflictos de interés y triangulación de fondos que involucran al INE y alcanzan a sus organismos locales (OPLE), proveedores y funcionarios.
Las empresas y el modus operandi
De acuerdo con las revisiones de la ASF y reportes periodísticos, el esquema consistía en simular competencia y triangular fondos públicos mediante un bloque de empresas de los mismos propietarios.
Varias compañías están bajo la lupa federal, como Cajas Graf y Corporativo ZEG, que no solo ganaron licitaciones robustas en el INE, sino que también obtuvieron convenios y contratos directamente con el OPLE Veracruz.
En tanto, al interior del OPLE Veracruz se han cuestionado concursos públicos donde supuestamente se limitó la participación para favorecer de manera directa al consorcio de Thomas Greg & Sons / Litoformas, agrupando el material y la documentación electoral en una sola partida, para evadir la libre competencia.
La ASF mantiene abierta una investigación de oficio que abarca tanto a la gestión central del INE como a diversos OPLE, por el uso indebido de recursos públicos.
Otros señalamientos
El contralor del OPLE, Gerardo Garza, ha sido señalado y denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos malos manejos de recursos y por demandas penales derivadas de conflictos en el Club Britania Las Ánimas de Xalapa, lo cual ha puesto bajo la lupa la actuación administrativa del órgano.
En procesos previos, el OPLE detectó y abrió investigaciones por irregularidades administrativas y facturas no reconocidas durante la liquidación del extinto partido local ¡Podemos!
Previamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) turnó al INE un expediente para evaluar la remoción del consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, tras señalamientos de acoso laboral y hostigamiento.
El marco institucional
El OPLE Veracruz ha recibido y procesado más de una veintena de quejas relacionadas con la neutralidad, el uso de recursos públicos o actos anticipados de cara al proceso electoral. Conforme a la ley electoral, estos casos deben pasar por etapas de recepción, verificación, instrucción e investigación preliminar antes de emitir dictámenes o resoluciones formales, por lo que los titulares de los organismos están limitados a no prejuzgar o emitir declaraciones fuera de cauce para no viciar los procedimientos.
Recientemente, la Sala Regional Xalapa del TEPJF ordenó al OPLE y a las instancias locales reabrir o reestudiar algunas denuncias previamente desechadas, en contra de servidores públicos y alcaldes de la entidad, lo que obliga al organismo técnico a cumplir con los requerimientos judiciales, mediante acuerdos de Consejo General y diligencias formales, más que con posturas públicas.
En el plano administrativo y de órganos internos (como señalamientos hacia la Contraloría del OPLE o exintegrantes del Consejo), la atención de presuntas faltas o denuncias penales/administrativas corresponde a instancias externas como la FGE o a los órganos de control interno y del INE, los cuales operan de manera autónoma.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
