Cada 8 de marzo, la clase política veracruzana se llena la boca con discursos de igualdad y justicia para las mujeres. Pero entre las palabras y los hechos hay un abismo, y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, su presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, es el mejor ejemplo de ello.
Mientras en redes sociales se presenta como una aliada de las mujeres, al interior del Poder Judicial su gestión ha estado marcada por señalamientos de hostigamiento, maltratos laborales y la salida forzada de cientos de trabajadoras.
El testimonio de la magistrada Claudia Galán Espinoza en redes sociales es un reflejo del ambiente que se vive en el Poder Judicial: denuncias de maltratos, persecución y un clima laboral que contrasta con la retórica feminista que la presidenta difunde en sus publicaciones. A esto se suma un dato inquietante: desde su llegada al cargo, 413 personas han renunciado a su puesto. ¿Cuántas de esas renuncias fueron realmente voluntarias?
No se trata de especulaciones. La respuesta oficial a una solicitud de información es clara: 0 personas han sido despedidas, pero 413 han presentado su renuncia. En la burocracia se sabe bien cómo operan estas “renuncias” cuando las condiciones laborales se tornan insostenibles. El despido maquillado de dimisión es una práctica común para evadir responsabilidades legales y sanciones laborales.
Las denuncias no son nuevas ni aisladas. Desde el inicio de su administración, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ha acumulado críticas por su manera de ejercer el poder.
Testimonios de trabajadores y magistrados revelan un entorno donde el abuso de autoridad es la norma y la lealtad ciega se premia sobre la capacidad y el profesionalismo. Mujeres que han dedicado años al servicio público se han visto obligadas a abandonar sus puestos ante el clima de presión y acoso laboral.
Si el Tribunal de Justicia del Estado debe ser garante de los derechos y protector de la legalidad, ¿cómo es posible que su máxima autoridad sea señalada de violentar los principios más básicos de dignidad laboral? La doble moral se convierte en el sello de su administración: discursos llenos de promesas de equidad, mientras en la práctica se ejecutan acciones que vulneran los derechos de las mismas mujeres a quienes dice defender.
Veracruz necesita más que un feminismo de redes sociales. Basta de hipocresía y de utilizar la causa feminista como un disfraz para encubrir abusos de poder. No se puede hablar de igualdad cuando se persigue a las trabajadoras, cuando se les hostiga hasta forzarlas a renunciar, cuando se gobierna con autoritarismo y revanchismo. Lisbeth Aurelia Jiménez no representa el avance de las mujeres en la justicia, sino un retroceso disfrazado de discurso progresista.
El Día Internacional de la Mujer es más que un escaparate político para discursos prefabricados. Si Lisbeth Aurelia Jiménez realmente cree en la justicia y la equidad de género, debería empezar por erradicar estas prácticas dentro del Tribunal. Porque la mejor manera de honrar a las mujeres no es con palabras, sino con hechos.
