Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) detectó que recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se dispersaban a través de una red de empresas —entre ellas inmobiliarias y agencias de publicidad— antes de llegar como pago a profesores, bajo conceptos ajenos a su labor real.
La dependencia ya presentó denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El titular de SEFIPLAN, Miguel Reyes Hernández, explicó que el esquema involucró alrededor de 280 millones de pesos administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., una de las asociaciones civiles mediante las cuales ha operado la UPAV desde su creación, en 2011, junto con la Alianza para el Fomento del Aprendizaje.
“Nosotros ya cumplimos con lo que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, señaló el funcionario, quien precisó que la investigación de fondo —el origen, procedencia y trazabilidad de los recursos— corresponde ahora a las autoridades ministeriales.
Así operaba la red de empresas
De acuerdo con Reyes Hernández, el mecanismo detectado por SEFIPLAN evitaba que profesores y trabajadores de la UPAV mantuvieran una relación laboral directa con la universidad. Los recursos, explicó, seguían una ruta que pasaba por distintas empresas antes de llegar como pago a quienes prestaban sus servicios.
“Les voy a poner un ejemplo. Una persona que trabajaba en UPAV, le pagaban a través de una agencia de publicidad con honorarios, su concepto era pago de publicidad”, relató el funcionario al describir uno de los mecanismos identificados.
Según su explicación, la Fundación EDAL recibía recursos de los estudiantes y los transfería a una inmobiliaria; esa inmobiliaria los enviaba a otra empresa del mismo giro, y finalmente el dinero llegaba a una agencia de publicidad, desde donde se pagaba a los profesores.
El funcionario señaló que este esquema evitaba, entre otros efectos, la generación de antigüedad y obligaciones laborales de la UPAV hacia su planta docente, al tiempo que los fondos eran operados por empresas ajenas a la institución.
“Es una red, digamos, de complejidad, efectivamente, que se está o se debe investigar”, afirmó Reyes Hernández, quien evitó anticipar posibles responsables o montos que pudieran considerarse ilícitos, y sostuvo que corresponde a las fiscalías resolver las denuncias y determinar si existieron delitos.
280 millones de pesos bajo investigación
SEFIPLAN presentó dos denuncias distintas: una ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Fiscalía General de la República, ambas relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Son 280 millones de pesos que manejaba la fundación y que esos 280 millones de pesos deben de ser investigados en su origen, en su procedencia, en su trazabilidad”, señaló Reyes Hernández.
Cambios en la administración de la UPAV
Tras detectar el esquema, el Gobierno del Estado modificó también la forma en que se administran los recursos de la universidad. Reyes Hernández informó que el dinero dejará de manejarse a través de la asociación civil que anteriormente participaba en las operaciones financieras, y que la administración pasará a realizarse de manera directa.
Como parte de los cambios, indicó que se dejaron de cobrar cuotas de mantenimiento a los estudiantes —gasto que ahora asumirá la Secretaría de Educación de Veracruz— y que se estableció una nueva categorización salarial para los docentes, con un pago mínimo de 70 pesos por hora.
“Todo el manejo de recurso va a ser transparente porque antes se hacía a través de la asociación, ahora lo va a manejar directamente”, afirmó el funcionario.
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