Por Fanny Yépez
No hay ninguna justificación válida para que las autoridades, en sus distintos niveles, sustituyan el diálogo, la negociación y los acuerdos por la represión, la agresión, la intimidación, la amenaza o la ley del tolete para desalojar a los manifestantes. La represión en Las Trancas, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, refleja una decisión institucional que dejó exhibidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Secretaría de Gobierno de Veracruz (Segob) y a los operadores de la Dirección General de Política Regional, quienes privilegiaron la fuerza sobre la política y la construcción de acuerdos.
El desalojo violento en la zona conocida como Las Trancas ocurrió este martes, cuando más de 50 policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) replegaron por la fuerza a manifestantes en la carretera Las Trancas-Coatepec. Las imágenes que publicaron varios medios de comunicación fueron más que elocuentes.
Resulta que los habitantes del municipio de Emiliano Zapata mantenían bloqueada la vialidad para exigir urgentemente la reparación de baches y la rehabilitación general de la carretera Coatepec-Las Trancas, porque se habían registrado muchos accidentes por las lluvias y porque el concreto se volvió resbaloso. Esa era su demanda, ese era su “delito”.
El desalojo de manifestantes pudo evitarse
Elementos estatales con equipo antimotines intervinieron para abrir el paso vehicular mediante golpes, jaloneos y empujones, denunciados por los vecinos afectados durante el desalojo de manifestantes en Las Trancas. Tras el primer repliegue de los granaderos, los pobladores volvieron a organizarse para cerrar de nuevo la circulación vehicular en protesta por la agresión.
Durante el desalojo del bloqueo en la carretera Las Trancas-Coatepec (a la altura de las localidades de Alborada y El Chico), los vecinos denunciaron haber sufrido golpes, jaloneos y agresiones físicas por parte de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Las autoridades utilizan la fuerza pública, como la “ley del tolete” (uso de bastones policiales) y técnicas antidisturbios, con el objetivo de restablecer el orden público y proteger los derechos de terceros. Sin embargo, el uso de la fuerza pública en Veracruz debe ser estrictamente proporcional, gradual y utilizarse solo como último recurso ante actos de violencia. En el caso de la manifestación que este martes fue reprimida en la zona de Las Trancas, era una expresión pacífica; los pobladores demandaban la reparación de tramos carreteros que conectan con sus comunidades.
Daniel Baizabal dejó crecer el conflicto en Emiliano Zapata
No se escapa de la responsabilidad de esta agresión el alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Baizabal, que no atendió como primer respondiente la queja de los habitantes de su municipio y dejó que el problema creciera, y este joven lleva ya seis meses al frente del gobierno municipal, pero moreno tenía que ser.
La actuación de Daniel Baizabal, presidente municipal de Emiliano Zapata, también debe ser evaluada por el costo político y social de haber permitido que un conflicto ciudadano terminara con el uso de la fuerza pública.
Sin embargo, organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, sostienen que las autoridades no deben usar el comportamiento violento de unos pocos como pretexto para reprimir una protesta en su totalidad. El uso excesivo o arbitrario de la fuerza y los toletes es considerado una violación a los derechos humanos, a la libre reunión y a la libertad de expresión.
Antes de reprimir a los ciudadanos se deben agotar las negociaciones, los acuerdos y ampliar los puentes de entendimiento, y eso no se llevó a cabo; al menos no vimos que llegaran a la zona donde se manifestaban los pobladores.
Política Regional y la Secretaría de Gobierno dejaron solo el conflicto
Los funcionarios de la Dirección General de Política Regional, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, según operan como mediadores políticos en el estado de Veracruz. Su función principal es prevenir conflictos sociales, atender demandas ciudadanas y mantener la estabilidad política, actuando mediante las siguientes tareas clave: mediación y negociación; asegurarse de que se instalen mesas de diálogo para resolver inconformidades de organizaciones sociales, sindicatos, grupos indígenas y pobladores.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Veracruz (Segob) están obligados a supervisar y atender problemas político-sociales directamente en los municipios, a través de sus delegaciones regionales, para evitar el escalamiento de protestas. La ausencia de Política Regional de la Secretaría de Gobierno volvió a evidenciar un vacío institucional frente a un conflicto que pudo resolverse mediante el diálogo.
El área de Gestión Ciudadana canaliza las demandas de obras y servicios públicos de la población hacia las dependencias gubernamentales correspondientes. En materia de estabilidad social, monitorean el clima político y social en las distintas regiones de Veracruz para anticipar y mitigar contingencias que afecten la gobernabilidad. Esto es precisamente lo que no realizan; hacen caso omiso a las demandas sociales y no intervienen, lo que permite que los problemas estallen, convirtiéndose en movimientos sociales.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Veracruz prefirieron el confort de sus oficinas climatizadas y alfombradas que acudir a cumplir con su obligación; eligieron enviar a los elementos antimotines para reprimir a los quejosos, antes que tender puentes de diálogo y negociación, violando los derechos humanos de los ciudadanos.
El costo político puede llegar en las urnas
El pueblo tiene memoria y puede ser que en las elecciones intermedias, que se realizarán el primer domingo de junio del año próximo, los afectados apliquen el voto de castigo a las y los candidatos del gobierno actual.
La represión en Las Trancas, la actuación de Daniel Baizabal y la ausencia de la Secretaría de Gobierno de Veracruz y de la Dirección General de Política Regional difícilmente serán olvidadas por una ciudadanía que esperaba diálogo y encontró el uso de la fuerza pública.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
