Análisis sobre el impacto de la inseguridad y la violencia en el desgaste político de Morena en Veracruz rumbo a 2027
LA COLUMNA

Morena paga el costo de la inseguridad

Por Fanny Yépez

Con 406 asesinatos, el estado de Veracruz se coloca en el deshonroso octavo sitio en el ranking nacional en homicidios dolosos; con ello, se enfrenta al lastre de inseguridad y corrupción que impactan negativamente en la marca de Morena, un factor que podría reflejarse en las elecciones de Veracruz en 2027 mediante votos de castigo en las urnas.

La inseguridad erosiona el discurso oficial

La inseguridad y los escándalos de corrupción representan los desafíos más costosos para Morena, impactando directamente en sus niveles de aceptación ciudadana y su desempeño electoral. A pesar de que los liderazgos del partido guinda mantienen una fuerte base social, diversas mediciones demoscópicas muestran un desgaste en la percepción del movimiento que gobierna.

La persistencia de altos índices de violencia, homicidios y el control territorial del crimen organizado en zonas clave alimentan la percepción de una creciente crisis de seguridad en Veracruz. Los municipios como Coatzacoalcos y Poza Rica se han convertido en referencia obligada cuando se habla de este problema.

La oposición critica con frecuencia la ineficacia de la estrategia basada en la Guardia Nacional militarizada.

Aunque la dirigencia nacional de Morena asegure que arrollará en las elecciones intermedias, lo cierto es que en el estado de Veracruz las cifras no les favorecen en al menos 16 distritos federales.

La operación cicatriz rumbo a 2027

Ante tal situación, el partido guinda fraguó la estrategia que es la de permitir e incluso impulsar que los candidatos resentidos sean abanderados por partidos de oposición, tanto en las diputaciones federales como locales, para posteriormente, cuando asuman la curul, los operadores de la 4T harán lo propio para que retornen al redil.

Pero mientras esto sucede, los escándalos de corrupción e impunidad les seguirán impactando negativamente. Casos de desfalcos de recursos en entidades públicas, señalamientos de “huachicol fiscal” y adjudicaciones directas han empañado la bandera anticorrupción fundacional de Morena.

El cobijo o protección interna a exgobernadores y funcionarios con perfiles polémicos refuerza la percepción social de impunidad. Narcopolítica es un tema candente para Morena.

La sospecha de infiltración de la delincuencia organizada en campañas políticas y administraciones municipales deteriora gravemente la confianza del electorado en el partido y, aunque lo nieguen los morenos, la relación de destacados militantes del partido guinda sí les afectará definitivamente.

Algunos despistados ya andan echando las campanas al vuelo, vaticinando carro completo para Morena, pero esto no sucederá, porque hay una gran decepción entre los votantes por la deshonestidad, arrogancia, prepotencia, corrupción y, lo peor, los posibles vínculos de algunos de sus militantes con el crimen organizado.

Violencia, encuestas y desgaste electoral

Estudios de opinión reflejan que la simpatía e intención de voto hacia Morena se han visto afectadas, registrando caídas marcadas en los indicadores de opinión positiva debido al desencanto por estos rubros.

El rechazo a la colusión criminal y a las malas prácticas de gobernanza locales ha generado reveses para el partido, visibles en resultados electorales recientes, como las derrotas locales sufridas frente a bloques opositores en estados como Coahuila. Lo ocurrido en ese estado norteño es un claro ejemplo de lo que le puede ocurrir a Morena en las elecciones intermedias.

En tanto, observamos un desgarriate en las filas de Morena. Según los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Morena en marzo pasado, el próximo lunes 22 de junio se debe abrir el registro para quienes aspiran a una de las 17 coordinaciones estatales de defensa de la transformación, el cargo más codiciado en estos momentos dentro del oficialismo, pues de ahí surgirán las candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego en junio de 2027.

Esto ha causado revuelo y confusión entre decenas de morenistas que aspiran a una gubernatura, pues la dirigencia nacional aún no ha establecido formalmente la obligación de separarse de los cargos para poder competir, ni ha anunciado un calendario específico para el levantamiento de las encuestas que definirán a los ganadores.

El frente sindical que toca la puerta de Nahle

Más de 70 sindicatos solicitan audiencia con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para abordar problemática del Sueldo Regulador del IPE.

Muy molestos, pero muy molestos, se encuentran más de 70 organizaciones sindicales de los sectores educativo, gubernamental, universitario, de salud y organismos descentralizados, que solicitaron formalmente una audiencia con la mandataria, con el propósito de analizar y dar seguimiento a diversos planteamientos relacionados con el Sueldo Regulador del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Durante una conferencia de prensa, Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (STSPEV), informó que la petición fue presentada mediante un oficio fechado el pasado 9 de junio.

La solicitud plantea que la reunión sea encabezada por la titular del Ejecutivo estatal y cuente, además, con la participación del secretario de Finanzas y Planeación, y del director general del IPE.

La dirigente explicó que el objetivo principal es fortalecer el diálogo institucional para encontrar soluciones a las inquietudes existentes en torno a la aplicación del Artículo 3, Fracción XIV, y del Artículo 5 Transitorio de la Ley 287 del IPE.

Hernández Cárdenas recordó que este planteamiento ha sido expuesto en distintas ocasiones ante las autoridades estatales, incluso desde antes del pasado 1 de mayo, sin que hasta el momento se haya concretado una reunión formal para abordar el tema de fondo.

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