En septiembre de 2019, el Congreso de Veracruz encontró una razón suficiente para quitar a un fiscal: no tenía acreditados los exámenes de control y confianza.
No fue un detalle menor, pues con eso se separó a Jorge Winckler. Con eso se justificó la decisión. Con eso se cerró el caso.
Ese mismo día, la LXV Legislatura nombró a Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho. Sin transición, sin duda, sin matices. Así operó el criterio.
Seis años después, el 8 de diciembre de 2025, la LXVII Legislatura volvió a mover la Fiscalía. Esta vez no hubo remoción, sino renuncia. Motivos personales, se dijo. Y esa misma noche se nombró a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Todo en orden. Sin sobresaltos.
Han pasado 100 días.
Y en esos 100 días no hay información pública sobre los exámenes de control y confianza de la actual fiscal. Tampoco de quienes hoy ocupan posiciones clave en la Fiscalía.
Nadie ha explicado si los tienen, si los aprobaron o si están vigentes. Nadie lo ha preguntado.
El dato es incómodo por lo que representa. Porque la ley no cambió. La obligación sigue ahí: quienes integran las instituciones de procuración de justicia deben contar con evaluaciones de control y confianza. No es opcional: así lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2019 eso bastó para remover. En 2026 no alcanza ni para cuestionar.
No es un asunto técnico. Es político. El requisito sigue existiendo. Lo que cambió fue quién tiene que cumplirlo… y quién puede dejar de hacerlo sin dar explicaciones.
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