Por Fanny Yépez
Cuando resentimos en nuestros bolsillos el incremento de precios del 6.5 por ciento de los productos que componen la canasta alimentaria en México, superando la inflación general del 4%, además de los aumentos de los servicios de agua, luz y gas, entre otros, sufrimos porque no alcanza el salario, pero nos enteramos de los salarios y pensiones doradas que perciben algunos personajes privilegiados.
Esa desproporción en los ingresos golpea la dignidad, la paciencia y la tolerancia del pueblo en general.
Las llamadas pensiones doradas en México, que otorgaban retiros millonarios a exfuncionarios, se consideran injustas y un privilegio excesivo frente a la mayoría de los pensionados, lo que motivó una reforma constitucional en 2026 para eliminarlas. Este mes de marzo, las comisiones del Senado avalaron limitar estas pensiones a un máximo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Aspectos clave sobre la justicia de las pensiones doradas en México
Mientras que millones de mexicanos reciben pensiones modestas (promedio de $7,092 MXN según Inegi), unos cuantos exfuncionarios reciben montos millonarios.
En este año, la mayoría de los trabajadores en México que se pensionan bajo la Ley 97 del IMSS (el régimen actual) reciben una pensión mínima garantizada, la cual se ajusta anualmente conforme al salario mínimo. Para este año, esta pensión mínima garantizada se estima en un promedio de $6,600 a $10,600 pesos mensuales, dependiendo de las semanas cotizadas y la edad de retiro.
Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma constitucional para topar las pensiones al 50% de la remuneración presidencial, buscando un ahorro de hasta 5,000 millones de pesos anuales.
De acuerdo con la postura oficial, se considera que estas pensiones “se acabaron” por ser inmorales y no tener justificación, afectando el presupuesto público; estos privilegios perpetúan la desigualdad y su eliminación es vista como un acto de justicia económica para reinvertir en el bienestar social.
Aunque la mayoría respalda la eliminación de excesos, se ha señalado que algunos casos se apegaron a la ley en su momento y la reforma podría enfrentar amparos.
La medida afecta a 9,457 exfuncionarios de alto mando, incluyendo organismos como PEMEX y CFE, exentando a las fuerzas armadas.
Por ejemplo, en Veracruz, las pensiones más altas, consideradas “doradas”, superan los 300,000 pesos mensuales, beneficiando a exmandos y dirigentes sindicales, evidenciando una disparidad con las pensiones promedio. Un grupo de privilegiados se despacharon con la cuchara grande; sobre todo, esta situación injusta e inequitativa se registra entre los exdirigentes de la Universidad Veracruzana.
En el caso de la UV, el rector Martin Aguilar Sánchez percibe un salario mensual de 87,876.44, además de una compensación de más de 30 mil pesos. En tanto, en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) también hay pensiones “doradas”; dicho organismo otorga pensiones elevadas, existiendo casos documentados de montos que superan los 100 mil pesos mensuales.
Ciertos beneficiarios reciben pagos de alta cuantía, junto con otros que perciben entre 50 y 100 mil pesos, generando debates sobre la disparidad en los montos de jubilación en Veracruz.
Se ha solicitado a transparencia detallar las dependencias de origen de los más de 400 pensionados que reciben entre 50 mil y 100 mil pesos mensuales.
Por ello, el IPE enfrenta un déficit estructural al pagar pensiones superiores a los salarios de cotización promedio, con egresos mayormente destinados a estas prestaciones.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
