Las declaraciones en Córdoba del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, volvieron a poner sobre la mesa un tema que desde hace semanas circula en los documentos oficiales del estado: las inspecciones a notarías.
El funcionario habló de redes irregulares en el mercado inmobiliario —los llamados “cárteles inmobiliarios”— y señaló que el Registro Público de la Propiedad debe actuar con responsabilidad, advirtiendo que cualquier anomalía detectada en los trámites será investigada.
El señalamiento coincide con algo que no es nuevo, pero que ahora vuelve a cobrar sentido.
Semanas atrás, en la Gaceta Oficial del Estado, se publicó un calendario de inspecciones notariales a lo largo de prácticamente todo Veracruz. Un programa que plantea revisiones en decenas de municipios distribuidas mes por mes. Un calendario amplio.
Y para quienes conocen cómo funcionan estas visitas, también bastante difícil de ejecutar.
Una inspección notarial no es una diligencia rápida. La Ley del Notariado establece un procedimiento técnico que comienza con la notificación formal al notario y continúa con la revisión de libros protocolarios, índices físicos y digitales, apéndices documentales, comprobantes de impuestos y derechos, avisos de testamento y hasta la verificación del sello notarial.
Los inspectores pueden solicitar protocolos al azar, revisar razones de apertura y cierre de libros y verificar la documentación que respalda cada acto notarial.
Si se detectan irregularidades, se levanta un acta. El notario tiene diez días hábiles para responder o subsanar lo que sea posible. Después, la autoridad tiene otros diez días para emitir resolución.
Es un procedimiento técnico y legalmente delicado. No una visita de trámite.
Sin embargo, el calendario publicado en la Gaceta plantea revisiones en decenas de municipios cada mes.
De Xalapa a Veracruz. De Córdoba a Coatzacoalcos. De Papantla a Cosamaloapan. De Tuxpan a San Andrés Tuxtla. Mes tras mes.
Para cualquiera que conozca el procedimiento, la pregunta es simple: ¿con qué capacidad operativa se pretende cumplir ese calendario?
Porque si las visitas se realizan conforme a lo que establece la ley, cada inspección implica horas —y a veces días— de revisión documental.
Y ahí aparece el otro elemento del problema.
La dependencia responsable de ejecutar estas revisiones dista de ser una maquinaria administrativa particularmente sólida.
La Dirección General está encabezada por Alberto Islas Aguilera, un funcionario al que dentro del propio sector se le atribuye más dispersión en asuntos personales que control efectivo de la dependencia.
Y en la Subdirección de Notarías se encuentra Jorge Alberto Priego Chong, identificado políticamente con el yunismo y con una condición peculiar para un área de supervisión: además de funcionario, es notario adscrito.
Es decir, forma parte del mismo gremio que la oficina debe vigilar.
Con ese escenario institucional, el calendario publicado semanas atrás luce más ambicioso en el papel que viable en la práctica.
Porque si las inspecciones se realizan como marca la ley, requieren tiempo, personal especializado y seguimiento administrativo.
Y si no se realizan así, entonces existe otra posibilidad más sencilla de explicar: que el calendario sea más una programación administrativa que un plan realmente ejecutable.
Las declaraciones del secretario de Gobierno volvieron a poner el tema en circulación.
Pero el documento que plantea el problema ya estaba publicado.
Y al leerlo con calma, lo primero que salta no es el tamaño del operativo anunciado. Es la dificultad real de llevarlo a cabo.
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