Por Naldy Rodríguez
La reforma electoral presentada por la Presidenta de la República considera cambios significativos en la integración del Congreso de la Unión y en los costos de las elecciones, pero la forma de organizarlas y las autoridades a cargo de esas tareas permanecen prácticamente igual.
Se aleja bastante de la iniciativa que estaba considerada en el Plan C de Andrés Manuel López Obrador. Se queda corta, vamos.
Hay que recordar que este plan consideraba 18 modificaciones constitucionales, de las cuales 13 se consumaron en el primer año de este sexenio; entre ellas, la desaparición de varios organismos autónomos y la gran reforma al Poder Judicial (que considera ahora la elección de jueces, magistrados y ministros y la integración de nuevos órganos al interior).
Entre los pendientes se encuentra una relacionada con salud universal, otra en materia de pensiones, pero la gran polémica siempre fue la reforma político-electoral. Esta última estaba atorada en el Congreso y llevó varios meses y muchos ajustes llegar a la propuesta presentada.
El Plan C consideraba la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y de los tribunales estatales en esta materia, para concentrar las atribuciones federales y locales —que de por sí ya tiene— en el INE, y la resolución de controversias electorales en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estas instancias y sus funciones quedarán prácticamente igual; sólo les apretarán el cinturón, es decir, tendrán menos presupuesto público, al igual que los partidos políticos.
El Plan C estaba diseñado para eliminar la representación proporcional; ahora, en las negociaciones, lograron únicamente reducir el número de escaños en el Senado de la República: 32 espacios menos, y cambiar la forma de designación.
En el caso de la Cámara de Diputados, 100 espacios de las “pluris” ahora corresponderán a las personas con el segundo mayor porcentaje de votación en las contiendas internas que tiene cada partido y que —por ende— no obtuvieron la candidatura.
Otros 100 espacios de representación proporcional serán electos por votación directa por circunscripción. De estos, ocho espacios restantes serán para mexicanos que residan en el extranjero (teniendo al menos tres años fuera del territorio nacional).
El Senado de la República ahora estará compuesto por 96 representantes populares, 64 de mayoría y 32 de primera minoría; es decir, ya no habrá pluris aquí.
La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis. La próxima semana se prevé que salga el dictamen de la misma. Ahí se verá si cuentan ya con los consensos necesarios para su aprobación y si sufre alguna modificación de forma o de fondo.
X: @ydlan
Transparencia 3.0 es una columna de análisis y denuncia sobre el poder público y su rendición de cuentas. Desde su óptica, su autora Naldy Rodríguez expone omisiones institucionales y abre el debate sobre la corrupción y el derecho a saber; busca visibilizar lo que se intenta esconder y abrir espacio a una ciudadanía más informada, exigente y activa.
