Redacción Sie7eDíasNoticias
CIUDAD DE MÉXICO. A 19 años de la agresión sexual contra Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años, su familia y organizaciones acompañantes exigieron al Estado mexicano cumplir sin dilaciones la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
A dos meses de haberse notificado el fallo, señalan que no existe una hoja de ruta clara para garantizar su cumplimiento.
La resolución fue emitida el 16 de diciembre de 2025 y establece la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en el caso.
Sin plan de cumplimiento
Las organizaciones litigantes informaron que, desde el día siguiente a la notificación, solicitaron formalmente al Estado mexicano presentar un plan de acción con propuestas concretas para implementar las medidas ordenadas por la Corte.
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Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta oficial, lo que —advirtieron— retrasa el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia de la víctima.
Un fallo histórico
El pronunciamiento internacional se da tras casi dos décadas de impunidad. La Corte determinó que hubo intervención indebida de autoridades, así como barreras lingüísticas y discriminación por razones de género y etnia, factores que obstaculizaron el acceso a la justicia.
De acuerdo con el fallo, el Estado deberá realizar una investigación penal exhaustiva y seria sobre la agresión sexual y la muerte de Ernestina Ascencio, identificar y sancionar a los responsables, y brindar atención médica y psicológica a sus familiares.
Además, ordena un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, programas de capacitación para funcionarios públicos, el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes.
El plazo político
La exigencia ocurre en un contexto clave para el país. Las organizaciones recordaron que el cumplimiento oportuno de la sentencia es una obligación internacional y un paso necesario para combatir la impunidad en casos de violencia contra mujeres indígenas.
A 19 años de los hechos, la familia insiste en que la justicia no puede seguir postergándose.
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