Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. Un juez federal vinculó a proceso la noche del martes 17 de febrero al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto delito de peculado relacionado con el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales, resolución que formaliza la apertura de un nuevo juicio penal en su contra y modifica su panorama legal cuando estaba por concluir la condena de nueve años que actualmente cumple.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia ni implica culpabilidad automática. Se trata de la determinación judicial de que existen datos de prueba suficientes para iniciar formalmente un proceso penal y llevar el caso a una etapa de investigación complementaria con miras a un eventual juicio.
El momento en que se dicta esta resolución es clave. A Duarte le restaban pocos meses para cumplir la pena privativa de libertad derivada de su sentencia original.
Con esta nueva causa penal, se abre un frente jurídico independiente que podría extender su situación legal más allá de abril, dependiendo del desarrollo del procedimiento.
El delito que se le imputa es peculado por un monto de cinco millones de pesos, recursos federales que presuntamente habrían sido desviados de un programa destinado a personas con discapacidad.
Aunque la cifra es menor en comparación con los montos que históricamente se han mencionado en torno a su administración, el carácter federal de los recursos otorga competencia directa a la Fiscalía General de la República.
Para poder formular esta nueva imputación fue necesario un procedimiento previo ante autoridades judiciales de Guatemala, país que concedió su extradición. De acuerdo con el principio de especialidad previsto en el tratado de extradición, una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue entregada, salvo autorización expresa del Estado requirente. Ese trámite internacional permitió abrir la puerta a esta nueva causa penal.
Con la vinculación a proceso, el caso entra ahora en una etapa en la que las partes deberán robustecer sus argumentos y pruebas. La Fiscalía buscará sostener la acusación, mientras que la defensa intentará desvirtuar los señalamientos.
El nuevo proceso no cancela la sentencia anterior, pero sí redefine el escenario jurídico del exmandatario veracruzano.
A partir de esta resolución, su situación legal deja de estar condicionada únicamente al cumplimiento de la condena de nueve años y queda sujeta al desarrollo de esta nueva causa penal.
