Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. Después de más de dos décadas sin recibir pagos ni respuestas oficiales, ejidatarios del núcleo agrario El Tejocotal Ranchillos advirtieron que la espera se agotó y exigieron la intervención directa del Gobierno del Estado ante el uso de tierras comunales donde operan antenas repetidoras de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) y Canal Once.
Este martes, los afectados señalaron que no existen mesas de atención, no hay comunicación institucional y tampoco una ruta clara para resolver el adeudo que se arrastra desde principios de los años 2000.
Los ejidatarios denunciaron un adeudo acumulado de más de 22 años por el uso de predios de uso común ubicados en la zona conocida como Las Lajas, en el municipio de Las Vigas de Ramírez.
En esos terrenos se encuentran instaladas antenas repetidoras utilizadas para la difusión de contenidos gubernamentales. De acuerdo con los denunciantes, los pagos pactados se suspendieron por completo entre 2002 y 2003.
Carlos Hernández Arriaga, asesor legal de los ejidatarios, explicó que inicialmente existió un convenio de pago mensual, con montos que oscilaban entre 22 mil y 27 mil pesos, el cual sólo se cumplió durante los primeros años.
Desde entonces, afirmó, no se ha entregado un solo peso.
Sin mesas, sin respuesta
El reclamo central de los ejidatarios no sólo es el adeudo histórico, sino la ausencia total de atención institucional.
Hernández Arriaga detalló que desde el año pasado se han presentado oficios ante dependencias estatales solicitando la instalación de una mesa de trabajo y la regularización del pago, sin que hasta ahora exista una respuesta formal.
“No estamos pidiendo nada fuera de la ley. Sólo queremos que se diga la verdad y que se cumpla con lo que corresponde legalmente”, sostuvo.
El representante legal subrayó que los predios afectados son áreas de uso común, por lo que cualquier ocupación debe contar con autorización expresa de la asamblea ejidal y una compensación conforme a la ley agraria.
Advirtió que la utilización continua de los terrenos sin pago ni acuerdos vigentes agrava el conflicto y coloca el caso en un escenario de posible responsabilidad legal para las autoridades.
Ante la falta de diálogo y soluciones, los ejidatarios advirtieron que, de no existir atención inmediata por parte del Gobierno del Estado, emprenderán acciones legales y movilizaciones para exigir el pago del adeudo acumulado.
