Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La defensa del exrector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), Sergio “N”, cuestionó con firmeza la legalidad de la vinculación a proceso dictada en su contra por un juez de control, y advirtió que la resolución será impugnada al considerar que se violaron principios constitucionales del debido proceso.
El abogado defensor del exfuncionario, Oscar Domínguez Méndez, sostuvo que durante la audiencia celebrada el viernes 23 de enero “no se acreditaron los elementos esenciales del delito” y que la imputación carece de fundamento técnico y jurídico.
“Quedó plenamente evidenciado que no se demostró la tipicidad de la conducta, ni una antijuridicidad penalmente relevante, y mucho menos la culpabilidad de mi representado”, declaró.
La resolución judicial, dijo, se basó en suposiciones y señalamientos genéricos, lo cual, desde su perspectiva, representa un uso inadecuado del sistema penal acusatorio. “El proceso penal exige rigor probatorio, no inferencias sin sustento”, agregó.
Vinculación por cinco delitos y prisión preventiva
Pese a los señalamientos de la defensa, el juez de control resolvió vincular a proceso a Sergio “N”, así como a Víctor de Jesús “N” y Frida Narayana “N”, quienes también ocuparon cargos directivos en la UPAV.
La Fiscalía General del Estado (FGE) les imputa los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.
La medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año fue ratificada, ante el riesgo procesal que implicaría enfrentar el juicio en libertad. La causa penal quedó asentada bajo el número 17/2026.
El fondo del caso
El caso se originó a partir del cambio de rectoría en la UPAV, anunciado en septiembre de 2025 por la gobernadora Rocío Nahle García, quien ordenó una intervención directa tras detectar presuntas irregularidades financieras.
Las investigaciones apuntan a un daño patrimonial superior a los 557 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
Una de las líneas de investigación involucra a la Asociación Educación es Primero (AEP), señalada por un adeudo de al menos 42 millones de pesos. Sin embargo, la FGE confirmó que existen otras órdenes de aprehensión en curso contra posibles responsables.
Aún con la presión mediática y la prisión preventiva dictada, la defensa del exrector insiste en que la presunción de inocencia sigue vigente y el caso, apenas comienza.
