Redacción Sie7eDíasNoticias
COATZACOALCOS, Ver. El periodista Rafael León Segovia, conocido en el gremio como “Lafita”, obtuvo un amparo federal que dejó sin efecto la medida de arraigo domiciliario impuesta en su contra desde diciembre pasado.
La resolución judicial representa un revés directo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, señalada por utilizar de forma desproporcionada medidas cautelares contra el comunicador.
Le conceden libertad de movimiento
El fallo emitido por un juez federal permite a Lafita recuperar su libertad de tránsito mientras continúa su proceso legal. El periodista había sido detenido el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, en el marco de una investigación que en su origen incluyó acusaciones por terrorismo, mismas que fueron desestimadas por falta de pruebas.
A partir de esa detención, la autoridad judicial local dictó un arraigo domiciliario por un año, medida que fue respaldada por la FGE a pesar de los cuestionamientos públicos sobre su legalidad y pertinencia.
Señalamientos por criminalizar el trabajo periodístico
Diversos organismos nacionales e internacionales habían alertado que el uso del arraigo contra Lafita constituía un acto de presión judicial contra la labor informativa. ARTICLE 19, organización defensora de la libertad de expresión, criticó que se pretendiera equiparar la cobertura de hechos de interés público con conductas delictivas graves.
“El periodismo no es terrorismo”, señalaron desde el organismo, al advertir que imputar cargos de este tipo a un reportero por su trabajo podría sentar un precedente grave para la libertad de prensa en México.
Veracruz, bajo la lupa
El caso de Lafita no es aislado. Defensores de derechos humanos y colegas periodistas han expresado preocupación por un patrón creciente de persecución judicial contra comunicadores en Veracruz, entidad donde, en los últimos meses, se han documentado varios procesos penales dirigidos a quienes ejercen el periodismo.
Con esta resolución, el periodista podrá continuar su defensa en libertad, mientras se reabre el debate sobre el uso de figuras jurídicas restrictivas como el arraigo en casos vinculados con la libertad de expresión.
