Por Fanny Yépez

Cayó como piedra en el gallinero la noticia, cuando se divulgó que el Tribunal de Disciplina investigará las actividades del juez Leopoldo Toss Capistrán, en lo correspondiente al despojo de inmuebles y sus nexos con un “cártel inmobiliario” en Xalapa y sus alrededores.

Resulta que, a partir de enero de 2026, el nombre de Leopoldo Toss Capistrán ha sido vinculado a investigaciones sobre un presunto “cártel inmobiliario”, que opera en el estado de Veracruz, particularmente en la zona de Xalapa.

Los detalles de la investigación establecen que, en las acusaciones, se le señala por su presunta participación en el despojo de propiedades mediante juicios simulados y maniobras “legales” irregulares.

El caso específico

Se investiga su actuación como juez en el desahucio de una residencia en el exclusivo fraccionamiento Las Ánimas (Xalapa). La citada propiedad tiene un avalúo estimado de ocho millones de pesos, pero fue supuestamente “vendida” por solo 300 mil pesos tras un proceso judicial cuestionado.

Las autoridades estatales, incluyendo a la gobernadora Rocío Nahle, han confirmado que se investigará a fondo esta red, que involucraría a notarios, abogados, personal del Registro Público de la Propiedad y funcionarios del Poder Judicial de Veracruz.

El Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz inició una revisión de sus actividades tras las denuncias de irregularidades graves en las actuaciones que firmó como juez.

Leopoldo Toss Capistrán es un jurista mexicano que actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), especializado en materia familiar. Lo extraño del asunto es que, pese a que se le está investigando, no se ha informado si se le ha separado de su cargo.

Al no haberlo separado de su cargo, se registra un conflicto de intereses porque (literal) él no debe ser juez y parte.

Este juez es hermano de Adolfo Toss Capistrán, actual director de Política Regional de la Secretaría de Gobierno de Veracruz.

En su cuenta de Facebook, Diana Coq Toscanini comentó que Leopoldo Toss “es uno de los jueces más corruptos del tribunal… si no hay dinero… no acuerda los asuntos… en lo personal me ha perjudicado mucho, diría yo, demasiado. Lo pasan al juzgado cuarto y sigue igual… quién sabe a quién tiene de padrino”.

Esperamos que se agilice la investigación y se proceda conforme a derecho; se le haga justicia a la propietaria de la vivienda, sobre todo que, en este caso específico y en otros más, no haya impunidad.

Misión imposible el registro obligatorio de celulares

A partir del 9 de enero de 2026, en México entró en vigor el registro obligatorio de líneas móviles para todos los usuarios. Para dar de alta o mantener activa tu línea, debes vincularla con una identificación oficial y tu CURP.

Requisitos necesarios

  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía.
  • CURP: Se recomienda tener a la mano la CURP certificada o biométrica.
  • Selfie de verificación: Para trámites en línea, se solicita una foto en tiempo real para validar la identidad.

Sobre este tema, el prestigiado periodista Pascal Beltrán publicó en su cuenta de X la siguiente reflexión:

“Considerando que hay 142.3 millones de líneas celulares, y 172 días para hacer el trámite de registro para identificar al titular de cada una, diario se tendrían que registrar 827 mil 325 líneas, o 34 mil 471 cada hora, o 574 por minuto, o 9.5 por segundo”. Misión imposible.

Titular del CEJUM, Pamela Ortega, en el ojo del huracán

En menudo problema está, supuestamente inmiscuida, la titular del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Pamela Ortega Medina, quien fue denunciada de manera anónima por trabajadores de incurrir en supuestas prácticas irregulares, tales como beneficiar de forma reiterativa a personal masculino.

Asimismo, por poner en la nómina a prestanombres vinculados a familiares de empleados.

Otra de las irregularidades es el uso de vehículos oficiales para fines personales, lo que representaría un uso indebido de recursos públicos asignados a la dependencia.

En una nota publicada por la periodista Ángeles González, los inconformes aseguraron que la titular del CEJUM obliga al personal administrativo a realizar compras “caprichosas”, bajo la amenaza de despido inmediato en caso de negarse a cumplir con sus instrucciones.

Por todo esto, solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se ordene una auditoría que garantice la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos laborales. Sin olvidar aquella premisa que debiera seguirse cumpliendo: no mentir, no robar y no traicionar.

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