El último cuatrimestre del año expuso el desgaste de las instituciones veracruzanas: renuncias estratégicas, ajustes de poder en la Fiscalía y señales claras de que el 2026 ya se juega desde el tablero judicial.
Por Redacción Sie7eDíasNoticias
Veracruz cerró el 2025 sin tregua en el conflicto político. El tono que había comenzado a endurecerse desde septiembre estalló en diciembre con una de las jugadas más significativas del sexenio: el relevo en la Fiscalía General del Estado y la alineación del Poder Judicial como terreno prioritario de control institucional.
A lo largo de este cuatrimestre, Sie7eDíasNoticias registró los puntos de inflexión más relevantes: rupturas políticas, procesos judiciales estratégicos, violencia en municipios clave y señales desde Palacio de Gobierno que apuntan al reacomodo total.
SEPTIEMBRE: Pactos en la sombra y silencio institucional
El mes arrancó con señales de alineación institucional. Sin anuncios espectaculares, desde Palacio de Gobierno comenzó una ofensiva interna para asegurar el control de espacios clave. Septiembre puso bajo lupa a las magistraturas del TSJ, donde los equilibrios se tensaron discretamente.
Desde el Congreso del Estado se filtraban versiones de posibles reformas exprés y ajustes a órganos autónomos, mientras en los juzgados locales se hablaba ya de cambios que no pasaban por concurso ni escalafón.
Aunque el discurso oficial insistía en la “gobernabilidad”, los movimientos internos mostraban lo contrario: una reconfiguración calculada.
OCTUBRE: Inundaciones, omisiones y territorio en crisis
Octubre estuvo marcado por una de las emergencias más graves del año: las lluvias torrenciales provocaron inundaciones severas en más de una veintena de municipios del norte y centro de Veracruz.
Regiones como Papantla, Poza Rica, Tuxpan, Álamo, Ilamatlán y varios otros vivieron afectaciones críticas: casas colapsadas, ríos desbordados y miles de familias desplazadas.
En redes sociales circularon videos donde habitantes intentaban rescatar a pie sus pertenencias bajo el agua, ante la ausencia de equipos de protección civil. La cobertura de Sie7eDíasNoticias documentó retrasos en la activación de albergues y falta de coordinación entre niveles de gobierno, en un escenario donde el clima fue solo parte del desastre.
Mientras el gobierno estatal informaba de manera fragmentada, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos se movilizaron para enviar víveres y asistencia a zonas donde la ayuda oficial no llegaba.
La nota “Gobierno reacciona tarde; población responde primero” fue de las más leídas del mes, al mostrar con claridad el desfase entre la narrativa institucional y la realidad vivida por las comunidades.
El impacto político no fue menor: autoridades municipales comenzaron a denunciar la falta de apoyo, y líderes comunitarios exigieron auditorías sobre el destino de los fondos para atención de emergencias.
Octubre dejó al descubierto una vulnerabilidad estructural, no solo frente al clima, sino frente al abandono institucional. Y muertes, muchas muertes.
NOVIEMBRE: Disputas en tribunales y presión desde abajo
Noviembre colocó a los tribunales en el centro del tablero político. Las impugnaciones postelectorales de junio seguían su curso y en varios municipios —como Papantla y Poza Rica— los tribunales comenzaron a revertir resultados o validar candidaturas impugnadas.
Esto generó tensiones con las dirigencias partidistas, que veían en los órganos jurisdiccionales no solo árbitros legales, sino instrumentos de presión política entre grupos internos de la 4T.
La operación judicial se volvió estratégica: resolver conflictos municipales, contener movilizaciones y mantener la narrativa de orden institucional.
El Congreso, mientras tanto, mantenía su papel de caja de resonancia sin control, con escasa fiscalización y aprobación de nombramientos en automático.
DICIEMBRE: Fiscalía en juego, ruptura pública y alerta roja
Diciembre fue el mes de la fractura. El 8 de diciembre se confirmó la renuncia de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado, y ese mismo día se votó en el Congreso el nombramiento de Lisbeth Jiménez Aguirre —hasta entonces magistrada presidenta del TSJ— como nueva titular de la FGE.
La operación fue rápida, controlada y sin espacio para el debate público. El mensaje fue claro: el control judicial en Veracruz sería clave para el 2026.
El silencio de los magistrados y la ausencia de contrapesos dejaron en evidencia la fragilidad del diseño institucional.
En ese mismo mes, la gobernadora Rocío Nahle, hizo una declaración que confirmó la fractura: Eric Cisneros ya no forma parte de su proyecto. El deslinde público marcó el final de una alianza años atrás.
Pero el cierre de diciembre no fue solo político. La violencia volvió a marcar agenda.
En Tantoyuca, Zontecomatlán y Tlapacoyan, se registraron ataques armados, asesinatos múltiples y hallazgos de cuerpos en caminos rurales. La respuesta institucional fue mínima, y el discurso oficial volvió a centrarse en “hechos aislados”, pese al patrón creciente.
Además, el caso del periodista Rafael León, “Lafita”, detenido por presuntos delitos de terrorismo y otros —sí, terrorismo—, desató una ola de críticas por la criminalización de la prensa. Organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos locales señalaron el uso del aparato judicial para contener voces incómodas.
Y finalmente, el expediente de Ernestina Ascencio —cerrado en 2007— fue reabierto por instrucción internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado mexicano revisar el caso bajo perspectiva de género y pueblos originarios, lo que devolvió a Veracruz al escenario internacional como símbolo de impunidad institucional.
A la par del reacomodo político, la inconformidad social estalló por una causa inesperada pero simbólica: los vales de despensa entregados en formato Chedraui a trabajadores del sector salud.
Lo que parecía un beneficio de fin de año se convirtió en motivo de protesta cuando miles de empleados denunciaron que los vales no eran aceptados en sucursales, o estaban limitados por condiciones no informadas.
Las redes sociales se llenaron de testimonios, memes y reclamos, mientras sindicatos y trabajadores exigían una explicación formal.
La percepción generalizada fue clara: una tomadura de pelo institucional en plena cuesta de diciembre. El tema escaló de lo administrativo a lo político, pues evidenció el desgaste del gobierno estatal incluso con sus bases laborales más cercanas.
Lectura política del cuatrimestre
Los últimos cuatro meses del 2025 mostraron que el poder en Veracruz se juega, sobre todo, en el terreno judicial. La Fiscalía, los tribunales, el Congreso y hasta las declaraciones públicas son ahora piezas de una partida estratégica que ya no se disfraza.
Las renuncias, los nombramientos exprés y la fragmentación del gabinete muestran que las lealtades se están redefiniendo.
La ciudadanía, entre tanto, asiste a un cierre de año marcado por la violencia y la incertidumbre institucional, mientras el 2026 se aproxima con un poder judicial sin contrapesos y una clase política más dividida que nunca.
