El periodista veracruzano Rafael León Segovia duerme en prisión. Lo acusan —nada más y nada menos— de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública.
Según notas de medios nacionales, el responsable de validar su detención y dictar prisión preventiva oficiosa fue el juez de Control y Enjuiciamiento José Guadalupe Nucamendi Albores, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos.
¿Y quién es él? ¿De dónde salió?
Nucamendi fue candidato a magistrado en materia penal del Poder Judicial de Veracruz en el proceso electoral extraordinario de este año. Rebasó los 31 mil votos pero no fue electo. Su nombre no apareció entre los perfiles con respaldo ciudadano.
Pese a ello, el Órgano de Administración Judicial —esa estructura con hiperfacultades que se creó con la reforma al Poder Judicial del Estado— lo designó como juez interino en ese juzgado clave de Coatzacoalcos.
¿Quién controla ese órgano? Se ha dicho que la actual fiscal general de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien impuso a sus integrantes siendo presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Antes de su fallido intento por convertirse en magistrado electo por voto ciudadano, Nucamendi ya se desempeñaba como juez de Control y Enjuiciamiento en Coatzacoalcos. La misma Lisbeth Aurelia Jiménez lo mantenía ahí, como puede verse en nombramientos temporales que hoy se encuentran en expedientes públicos del OPLE Veracruz. Una relación institucional que evidencia cercanía profesional.
Hoy, con Lisbeth Aurelia Jiménez como fiscal general de Veracruz, se entiende la obediencia del juez que resolvió la prisión preventiva contra un periodista acusado por hechos que aún no se han explicado públicamente.
Así que, tenemos a un periodista detenido por cargos desproporcionados; a una fiscal nombrada –en una jugada de confianza pura— desde el poder; y a un juez interino que no fue electo, pero sí es cercano y obediente.
Por lo que se mira, aunque Veracruz tenga nuevos rostros en el poder, la justicia sigue operando con la lógica de lealtades, favores y castigos, y esa narrativa institucional ya no resiste el menor rigor democrático.
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