Redacción Sie7eDíasNoticias
SAN JOSÉ, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró este 16 de diciembre de 2025 la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y posterior muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, ocurrida en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
En la sentencia del Caso Ascencio Rosario y otros Vs. México, el tribunal internacional concluyó que los responsables de la agresión fueron miembros del Ejército mexicano, desplegados en la zona como parte de operativos de combate al narcotráfico.
La Corte también estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica adecuada y oportuna, lo cual contribuyó al fallecimiento de la víctima.
Además, se determinó que la investigación ministerial de los hechos no fue conducida con debida diligencia ni perspectiva de género, étnica o etaria, y que estuvo marcada por estereotipos y declaraciones públicas que desacreditaron la versión de la víctima y su familia, incluidas las expresadas en su momento por el entonces presidente de la República.
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La Corte IDH también señaló que los familiares de Ernestina Ascencio enfrentaron barreras estructurales para acceder a la justicia, fueron intimidados y sufrieron afectaciones a su integridad personal y derecho a la verdad.
Medidas de reparación
La sentencia ordena al Estado mexicano implementar diversas medidas de reparación, entre ellas:
- Una investigación penal exhaustiva y seria que conduzca a la identificación y sanción de los responsables.
- Atención médica, psicológica y/o psiquiátrica para los familiares.
- Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Programas de formación en derechos humanos para funcionarios públicos.
- El fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
- La creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, aplicable a los sistemas de salud y justicia.
La Corte concluyó que el Estado mexicano violó múltiples derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Este fallo marca un precedente histórico para los derechos de las mujeres indígenas y para la exigencia de justicia ante violaciones graves cometidas en contextos de militarización.
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