Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable, en una sentencia internacional notificada este martes 16 de diciembre, por la violación sexual, tortura y muerte de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz.
Entre las múltiples omisiones, encubrimientos y actos de discriminación acreditados por el tribunal internacional, destaca una revelación con nombre y apellido veracruzano: el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Un viaje, una trampa
Según la sentencia de la Corte IDH revisada por Sie7eDíasNoticias, tras el archivo exprés de la investigación en abril de 2007, los familiares de Ernestina Ascencio no pudieron impugnar el cierre del caso debido a que fueron invitados por el entonces gobernador de Veracruz a un viaje a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
Cuando regresaron a su comunidad en la sierra, el plazo legal para interponer recursos ya había vencido. Fue una maniobra calculada, señala el tribunal, que obstaculizó el acceso a la justicia y dejó en la impunidad un crimen de Estado.
La Corte también recordó que, en una conferencia de prensa, Fidel Herrera validó públicamente los peritajes de la Procuraduría estatal y calificó lo ocurrido como un “crimen”, pero sin garantizar que los responsables fueran llevados ante la justicia.

El caso que el Estado quiso enterrar
Ernestina Ascencio Rosario tenía 73 años, era monolingüe en náhuatl y vivía en Tetlalzinga, una comunidad enclavada en la Sierra de Zongolica. Era reconocida como una mujer sabia y respetada.
La mañana del 25 de febrero de 2007, su hija Martha la encontró tirada en una loma, a unos 300 metros de una base militar del Ejército Mexicano instalada apenas un día antes sin autorización de las autoridades locales.
La señora Ernestina estaba viva, en condiciones críticas, con la ropa levantada y signos de violencia. Alcanzó a decir que soldados “con clavos en el pecho” la habían violado, amarrado y tapado la boca. Esa fue su última declaración.
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Durante 10 horas, sus familiares intentaron conseguir atención médica en clínicas cerradas. Fue trasladada al Hospital Regional de Río Blanco, donde le diagnosticaron lesiones vaginales y desgarros rectales. Murió al día siguiente, a las 6:30 horas, antes de ser operada.
Encubrimiento, discriminación y silencio institucional
La sentencia detalla que el caso fue cerrado de manera arbitraria por el Ministerio Público dos meses después, ignorando pruebas clave y desestimando el testimonio de los familiares por no ser “testigos presenciales”.
Se utilizaron estereotipos discriminatorios por parte de funcionarios estatales y federales, quienes argumentaron que Ernestina murió por “gastritis crónica” o “estreñimiento” y sugirieron que era “normal que los indígenas mueran de hambre”.
Incluso el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, desacreditó públicamente la versión de la violación. El caso fue enterrado en la narrativa oficial, y las familias quedaron sin justicia.
¿Qué concluyó la Corte IDH?
En su sentencia del 30 de septiembre de 2025, la Corte IDH concluyó que:
- La señora Ernestina fue víctima de violación sexual y tortura por parte de elementos del Ejército Mexicano.
- El Estado no garantizó atención médica adecuada, lo que contribuyó directamente a su muerte.
- La investigación posterior estuvo marcada por omisión, prejuicio étnico, clasista y de género.
- Se violaron los derechos a la vida, integridad personal, salud, acceso a la justicia, protección judicial, igualdad ante la ley y derecho a la verdad.
- La intervención del fuero militar para investigar los hechos fue inadecuada.
Medidas de reparación
La Corte ordenó al Estado mexicano:
- Reabrir una investigación penal exhaustiva, con perspectiva de género e interculturalidad.
- Brindar atención médica y psicológica a los familiares.
- Otorgar becas educativas a los descendientes de Ernestina Ascencio.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Garantizar la presencia de intérpretes de náhuatl en instituciones de salud y justicia en Veracruz.
Este caso, por años oculto bajo el peso del poder político y mediático, ha sido reconocido hoy por lo que es: una herida abierta en el corazón indígena de Veracruz.

