Por Fanny Yépez
A diciembre de 2025, el rezago de expedientes en la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) sigue generando discusión pública.
Este escenario toma fuerza tras la renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la fiscalía. Ahora, será Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre quien deba enfrentar este serio atraso institucional.
¿Qué implica la justicia “pronta y expedita”?
Este principio constitucional obliga a resolver los asuntos de forma rápida (pronta) y sin obstáculos (expedita), dentro de los plazos legales. Se trata de un derecho fundamental que garantiza una solución completa, imparcial y oportuna.
Sin embargo, en Veracruz ese derecho está lejos de cumplirse.
Cifras del rezago
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 del INEGI —con datos de 2024—, la FGE dejó 16,102 carpetas de investigación pendientes de concluir, de un total de 81,131 abiertas ese año.
Organizaciones y familias de víctimas —especialmente aquellas que buscan a personas desaparecidas— han manifestado su preocupación. Temen retrocesos en sus casos ante el cambio de titular en la fiscalía.
La FGE publica estadísticas actualizadas sobre incidencia delictiva y operativos en su sitio web oficial. Pero los datos no ocultan la realidad: el rezago impacta negativamente la impartición de justicia.
¿Qué provoca el rezago?
Este problema genera impunidad, desconfianza ciudadana y revictimización. Se considera un verdadero “cuello de botella” en el sistema penal mexicano.
Consecuencias más graves:
- Impunidad: La acumulación de casos sin resolver reduce las posibilidades de sancionar a los responsables, lo que alimenta la inseguridad.
- Retrasos prolongados: Víctimas y acusados esperan años por una resolución. Se quedan en un limbo legal.
- Desconfianza institucional: La ineficiencia debilita la credibilidad de la FGE y el Poder Judicial. Muchas personas optan por no denunciar.
- Revictimización: La falta de resolución genera desgaste emocional. Las víctimas no acceden a verdad, justicia ni reparación.
- Colapso del sistema penal: El exceso de trabajo y la falta de personal amenazan con desbordar el sistema.
- Violación de derechos humanos: La dilación puede atentar contra el debido proceso y los derechos fundamentales.
- Obligación del Estado: El Estado debe garantizar un servicio de justicia eficiente, sin demoras injustificadas.
El desafío de Lisbeth Aurelia
La nueva fiscal general llega con la tarea de agilizar la justicia. El uso de tecnologías y la simplificación de procesos serán claves para lograrlo.
Pero más allá de lo técnico, el verdadero reto es romper con la inercia de lentitud que ha dañado la confianza ciudadana.
El rezago de expedientes no solo retrasa la justicia. Debilita al Estado y perpetúa la impunidad.
Corrupción, otro frente abierto
Además del rezago, Lisbeth Aurelia enfrentará denuncias graves.
Entre ellas:
- Detenciones polémicas: Se han reportado arrestos de presuntos responsables por delitos contra instituciones de seguridad pública, en operativos encabezados por la policía ministerial.
- Señalamientos públicos: Medios han documentado posibles conflictos de interés y presunta “fabricación de culpables”. Estos señalamientos alcanzan incluso a la anterior fiscal general y su pareja sentimental, quien también ocupa un cargo en la FGE.
Veracruz necesita un nuevo respiro
La llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre abre una ventana de esperanza. El estado necesita recuperar la confianza, dejar los primeros lugares en criminalidad y mirar hacia un futuro diferente.
No trae varita mágica, pero sí experiencia. Y eso podría bastar para trazar nuevas líneas de acción que beneficien a todas y todos los veracruzanos.
Erradicar la corrupción también servirá para atraer inversión y generar empleos bien remunerados. Así, Veracruz podrá volver a estar en boca de todos… pero por las razones correctas.
Ojalá estos cambios se contagien a otras áreas del gobierno, donde la apatía ya puso raíces. No hace falta mencionar a los responsables: ya todos los conocemos por sus deficiencias.
Parece que, con este primer gran cambio, todo puede ser diferente.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
