Por Fanny Yépez
La Ley del Agua en México se ha convertido en una bandera política, generando un intenso debate y división entre partidos y sectores involucrados.
Diversas fuentes confirman un fuerte componente político en la discusión de la nueva Ley General de Aguas, con acusaciones cruzadas de oportunismo electoral, especialmente rumbo a las próximas elecciones.
Agricultores alzan la voz
El miércoles, agricultores de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato protestaron por la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados.
Argumentan que la reforma puede afectar sus derechos y su acceso al agua. Algunos incluso temen que la nueva ley los “convierta en criminales”.
Tractores en San Lázaro
La protesta incluyó una Gran Caravana de Tractores por el Agua. Decenas de vehículos agrícolas llegaron y se estacionaron en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, bloqueando calles.
Los productores exigen que sus voces sean escuchadas en el proceso legislativo y buscan entregar un pliego petitorio a los diputados.
Oficialismo y oposición, cara a cara
Desde el oficialismo (Morena y aliados), se argumenta que la ley garantiza el derecho humano al agua, recupera la rectoría del Estado y evita su mercantilización.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado esta reforma, que consideran un acto de “justicia ambiental, social y constitucional” largamente postergado.
La oposición (PAN, PRI y otros) rechaza la propuesta. La califican como un “lobo con piel de oveja” y exigen un diálogo real con todos los sectores, en especial los del campo.
Acusan a Morena de querer controlar políticamente a los productores agrícolas y de centralizar el poder en la Conagua, lo que podría generar corrupción e ineficiencia.
¿Qué sí y qué no dice la Ley?
Uno de los objetivos centrales de la reforma es regular el uso del volumen concesionado, frenar la sobreexplotación y el mercado negro del agua, sin perjudicar a los usuarios legítimos.
No, el gobierno no puede quitarte el agua
La ley no permite que el gobierno federal limite el acceso al agua de forma arbitraria.
Cualquier afectación requeriría un proceso legal y audiencia previa.
La iniciativa prohíbe que el agua sea tratada como mercancía o parte de acuerdos comerciales privados. Se reafirma que es un bien estratégico de la nación.
Contrario a lo que se ha dicho, sí es posible heredar o vender concesiones, siempre que se notifique y regularice ante la Conagua.
Los títulos de concesión existentes no se eliminarán. La Conagua no puede cancelarlos unilateralmente para reemplazarlos por permisos temporales.
Las sanciones previstas están dirigidas a acaparadores y abusadores, no a pequeños agricultores o ejidatarios que hagan un uso legítimo del recurso.
Avanza en comisiones
Este miércoles se aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, así como la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en comisiones de la Cámara de Diputados.
La aprobación fue posible gracias a los votos de Morena y sus aliados (PT y PVEM). La oposición (PAN, PRI y MC) votó en contra.
El dictamen pasará ahora al Pleno de la Cámara para su votación final en los próximos días.
Puntos clave de la iniciativa
- Garantizar el derecho humano al agua.
Se prioriza el uso doméstico y público sobre el industrial o agrícola en casos de escasez. - Recuperar la rectoría del Estado.
Se impide que el agua se trate como mercancía y se combate el acaparamiento. - Prohibición de la privatización.
La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria.
Veracruz: el estado con más agua
El estado de Veracruz cuenta con una gran abundancia de agua.
En su territorio escurre el 33% del agua superficial total del país.
Tiene un escurrimiento superficial anual medio de 139 millones de metros cúbicos, lo que representa una tercera parte del total nacional.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
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