Por Fanny Yépez
El principio de que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna se establece en el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente, el primer párrafo de este artículo estipula: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Hay que resaltar que nada ni nadie está por encima de la Constitución.
Este principio garantiza la seguridad jurídica al prohibir que una ley nueva pueda aplicarse a situaciones pasadas, de una manera que perjudique a alguien. La irretroactividad de la ley aplica tanto a normas de derecho sustantivo como a las procesales.
Existe una excepción importante: se permite la aplicación retroactiva de leyes penales si son en beneficio del reo (es decir, si le resultan más favorables).
Esta introducción viene al caso porque este martes, en lo oscurito —porque la sesión legislativa se realizó a las 22:00 horas—, las y los diputados analizaron, a casi un año de que se dio entrada a la propuesta presentada por el diputado local Diego Castañeda —el 27 de noviembre de 2024—, validar el acuerdo que regrese al titular del Ejecutivo, en este caso a la gobernadora Rocío Nahle, la posibilidad de nombrar al nuevo fiscal.
El tamal ya estaba hecho, más grande que un zacahuil, porque desde muy temprano estaba cantado, y sobre todo los legisladores del partido guinda ya estaban “cepillados”, más que instruidos y, sobre todo, advertidos de cómo debían actuar y lo más importante… cómo deben votar.
Cabe recordar que fue en junio de este 2025 cuando los diputados Ramón Díaz y Elizabeth Morales remitieron otra propuesta que fue integrada al dictamen, el cual redefine el mecanismo de designación del o la titular de la Fiscalía.
La reforma plantea modificaciones directas a diferentes fracciones de los artículos 33, 49 y 67 de la Constitución de Veracruz e incorpora nuevas fracciones que regulan el procedimiento de nombramiento.
El artículo 33 establece que el Congreso será responsable de votar, con las dos terceras partes de los diputados presentes, el nombramiento del fiscal.
Pero todos los congresistas deben ser muy cautelosos, no vaya a ser que se les haga bolas el engrudo.
No vaya a ser que les suceda lo mismo que sucedió con la reforma a la ley laboral que causó rebelión de sindicatos, lo que provocó que la retiraran de la agenda legislativa. Además de estas, se ha reportado que más de 150 iniciativas en general han quedado “congeladas” o rezagadas en el Congreso de Veracruz, lo que ha llevado a proponer reformas para evitar la parálisis legislativa.
Desde muy temprano de este martes, en las benditas redes sociales se difundió extraoficialmente que la magistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lizbeth Aurelia Jiménez, asumirá en las próximas horas la Fiscalía General del Estado de Veracruz de manera interina, en sustitución de Verónica Hernández Giadáns, quien concluye su mandato tras más de seis años al frente del organismo.
Este nombramiento se daría en el marco de posibles ajustes en el gabinete estatal, tras el Primer Informe de Labores de la gobernadora Rocío Nahle, anticipando más movimientos en la administración. Los tan ansiados cambios en el gabinete estatal se manejan en forma de rumores.
Las revoluciones emanan del pueblo y del sector campesino
En 1910, la Revolución Mexicana emergió del descontento generalizado de amplios sectores sociales y económicos, principalmente las clases medias, los campesinos y los obreros, contra la dictadura de Porfirio Díaz y la profunda desigualdad social y económica del país.
Los principales sectores involucrados fueron:
Campesinos: Constituyeron la base social más numerosa del movimiento. Estaban descontentos por la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes (latifundios), lo que los dejaba sin tierras propias y sujetos a explotación laboral.
Tomando como referencia la historia revolucionaria mexicana, recomendamos a las autoridades, en sus distintos niveles, poner atención y, sobre todo, atender el descontento que existe en la actualidad en el sector agrario.
Los medios internacionales, como el periódico El País, están publicando la serie de manifestaciones sobre el descontento social:
“La relación entre las organizaciones agrícolas y el Gobierno de Claudia Sheinbaum amenaza con entrar en un punto de ebullición. Los grupos de manifestantes cerraron por diez horas, el lunes, garitas, carreteras, aduanas y puentes fronterizos, una protesta que cuenta con el apoyo de los transportistas. Los manifestantes amagan con avivar en las próximas horas el desafío al Ejecutivo en su exigencia de seguridad en los caminos y mejores precios para sus cosechas. Las organizaciones quieren elevar la temperatura en respuesta a los dichos de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien descalificó las protestas diciendo que tenían tintes políticos y afirmando que se han abierto “carpetas de investigación” a los liderazgos de las protestas por los cortes.”
Los manifestantes piden que sus cosechas sean compradas con el 100 % del costo de producción, más un 30 % de utilidad. Esto, en lugar del 50 % de la producción ofrecido por la administración de Sheinbaum.
“Estamos perdiendo el 50 % de la inversión. No queremos llegar a los costos de producción, queremos la utilidad”, explica el líder campesino.
Los grupos consideran los montos de compra como una parte indispensable en la negociación.
“Estamos en plena cosecha y necesitamos vender para pagar todos los compromisos financieros que tenemos con las casas comerciales, que son los únicos que nos fían, y no podemos quedarles mal”, sostiene Eraclio Rodríguez.
En la actualidad, los sociólogos que estudian la sociedad humana, sus interacciones, estructuras, grupos e instituciones, investigan fenómenos sociales para entender las causas del comportamiento humano, analizando temas como la raza, el género, la pobreza y las organizaciones sociales. Su labor incluye realizar encuestas, análisis de datos y observar la vida en su contexto para proponer soluciones a problemas sociales.
Estos estudiosos de prestigiadas academias y universidades están muy pendientes y preocupados por lo que está ocurriendo en el país con los movimientos sociales y de los productores del campo. Todos hacemos votos para que se construyan acuerdos y no se extiendan estas manifestaciones.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
