Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. Durante la sesión en la que el Congreso local aprobó la reforma constitucional que transforma el modelo de designación, duración y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), la diputada del PAN, Indira Rosales San Román, advirtió que la figura del fiscal pasará a ser un subordinado del Ejecutivo, eliminando contrapesos y debilitando la autonomía institucional.
“Hoy estamos legalizando que el fiscal general del estado sea un empleado del gobernador en turno”, acusó desde la tribuna.
La reforma —impulsada por la mayoría morenista— otorga al titular del Ejecutivo la facultad de nombrar y remover al fiscal general en un periodo máximo de cinco días, suprimiendo el proceso de selección que hasta ahora pasaba por el Congreso del Estado y un Comité Técnico de Evaluación.
En su posicionamiento, Rosales San Román subrayó que la autonomía de la Fiscalía nunca ha sido plena, sin importar el partido en el poder, pero consideró que esta modificación representa un grave retroceso:
“¿Quieren acortar el tiempo? Está bien. Al final es su empleado. Puede durar en el cargo tres años, pueden quitarlo en cualquier momento. También podría durar simplemente seis meses, como cualquier secretario de despacho.”
Además, cuestionó la intención de reformar la Constitución local pensando en la permanencia del grupo gobernante:
“No hagan reformas pensando en que van a permanecer en el poder siempre. Lo que hoy ustedes legislan pensando en su beneficio, el día de mañana puede ser su principal enemigo.”
La diputada también reclamó la exclusión ciudadana del nuevo proceso, señalando que en el Congreso están representadas las distintas expresiones políticas y sociales del estado, por lo que quitarles la facultad de designar al fiscal es, dijo, despojar a los veracruzanos de un derecho democrático.
La reforma fue aprobada con 42 votos a favor y 5 en contra, y modificó los artículos 33, 49 y 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Entre otras cosas, establece que la persona titular del Ejecutivo podrá enviar hasta dos propuestas de fiscal al Congreso, y en caso de que ambas sean rechazadas, designará directamente a quien ocupe el cargo.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas han manifestado su preocupación por los efectos que esta reforma tendrá sobre el acceso a la justicia y la independencia de la FGE.
