Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — Guadalupe Díaz del Castillo Flores, extitular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), enfrenta un proceso legal abierto en el ámbito federal que podría derivar en su comparecencia ante autoridades estatales.
La exfuncionaria del gobierno de Cuitláhuac García no obtuvo la suspensión definitiva del juicio de amparo promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito, medida que buscaba frenar una eventual orden de presentación o aprehensión derivada de una causa penal iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Aunque durante la primera etapa del juicio le fue concedida una suspensión provisional, el juzgado resolvió finalmente sobreseer el recurso y negar la medida cautelar solicitada por la defensa. Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que deberá definir si confirma o modifica la resolución del juzgado de distrito.
La resolución del tribunal colegiado será clave para determinar si Díaz del Castillo Flores puede ser requerida formalmente a comparecer ante la Fiscalía veracruzana.
Observaciones por más de mil millones en salud
En paralelo al proceso judicial, la exsecretaria de Salud aparece señalada en los informes más recientes de fiscalización estatal y federal. En la Cuenta Pública 2024, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reportó un presunto daño patrimonial por 83 millones de pesos en los SESVER, principalmente por anticipos entregados sin justificar a empresas proveedoras de equipos médicos y sistemas de energía solar para hospitales.
Uno de los montos más relevantes corresponde a 56.6 millones de pesos otorgados a Grupo Antber, S.A. de C.V., por contratos en hospitales de Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y el Centro Estatal de Cancerología.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades federales por un total de 1,078 millones de pesos, como parte de la Segunda Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior 2024. Entre las observaciones destacan transferencias a cuentas no autorizadas, mezcla de fondos y pagos sin documentación comprobatoria durante el último año de la administración de García Jiménez.
