Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. Con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó el miércoles 15 de octubre la reforma a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, una iniciativa presentada por la gobernadora Rocío Nahle García que le permitirá al Ejecutivo estatal declarar por cuenta propia una situación de emergencia o desastre, sin necesidad de solicitar autorización al Gobierno federal.
La votación se dio en fast track, luego de que la mayoría oficialista dispensó los trámites reglamentarios. La presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, fue quien declaró aprobado el dictamen durante una sesión que se extendió hasta la noche, en medio de señalamientos cruzados entre legisladores.
Emergencias sin freno burocrático
De acuerdo con la exposición de motivos, la mandataria veracruzana planteó que la reforma busca “garantizar el acceso pronto a recursos financieros” para atender situaciones críticas como pérdidas humanas, daños materiales, afectaciones a la infraestructura pública o a los servicios estratégicos.
“El objetivo es que el Estado esté en condiciones de actuar sin obstáculos burocráticos ante fenómenos naturales perturbadores”, se justificó desde el Ejecutivo, en referencia directa a las recientes lluvias e inundaciones en la zona norte del estado, cuya atención fue ampliamente cuestionada por la oposición.
Comité Estatal de Desastres y nuevas figuras legales
La reforma también contempla la creación del Comité Estatal de Desastres, un nuevo órgano técnico que dependerá del Consejo Estatal de Protección Civil. Su función será coordinar tareas operativas, gestionar acciones de auxilio y evaluar los daños por sectores. Este comité, además, deberá rendir reportes puntuales sobre afectaciones y estrategias de recuperación.
Entre las nuevas figuras jurídicas introducidas por el decreto se encuentran: el Acuerdo que Determina una Situación Estatal de Desastres u Otros Siniestros; la Declaratoria de Desastre Natural; y la Declaratoria de Emergencia.
Estas herramientas permitirán, según el dictamen, una mayor coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación para activar mecanismos de respuesta y acceder a fondos públicos de manera inmediata.
Riesgos asegurables e infraestructura inventariada
Otro de los puntos clave de la reforma es la instrucción para que la titular del Ejecutivo promueva una estrategia integral de transferencia de riesgos, que incluirá la identificación de infraestructura que pueda ser asegurada y la creación de un Inventario Estatal de Infraestructura, pieza clave para definir prioridades ante futuros desastres.
La reforma concluye que el Gobierno estatal tendrá la responsabilidad —según su disponibilidad presupuestaria— de financiar las estrategias, herramientas y mecanismos que permitan afrontar las afectaciones causadas por desastres naturales u otros siniestros.
