Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La exrectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, acudió este viernes 3 de octubre al Congreso del Estado para entregar una solicitud formal que busca esclarecer si la prórroga otorgada al actual rector, Martín Aguilar Sánchez, tiene sustento legal.
Acompañada por integrantes de la Red UV por la Legalidad, Ladrón de Guevara pidió a las y los diputados emitir una interpretación de la Ley Orgánica y de la Ley de Autonomía Universitaria, al considerar que la figura de “prórroga” utilizada para extender el mandato del rector carece de fundamento jurídico.
“En 30 años de autonomía nunca se había visto un proceso como este. Lo que hicieron fue inventar un mecanismo que no está previsto en la legislación”, expresó tras entregar el documento dirigido a la Presidencia del Congreso. La petición, explicó, es resultado de una asamblea interna de la Red, que agrupa a más de mil miembros activos y otros miles en espacios digitales.
La exrectora aclaró que no se está solicitando una reforma a la normativa universitaria, sino una interpretación formal de su alcance, una facultad que corresponde al Poder Legislativo local.
En su opinión, la extensión del cargo debió ser producto de un nuevo procedimiento convocado legalmente, no de una decisión administrativa interna.
El oficio sugiere que la solicitud pueda ser turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales o de Educación para su análisis, aunque eso dependerá de lo que determine la Presidencia del Congreso.
Actualmente, están en curso al menos seis juicios de amparo relacionados con este tema, y aunque aún no se ha dictado sentencia, la Red UV por la Legalidad considera urgente prevenir que este tipo de decisiones puedan repetirse en el futuro.
“No se trata de una acción personal ni de revancha. Esto lo hacemos por mandato colectivo, porque si no se aclara la ley, el precedente afectará a toda la vida universitaria y su autonomía real”, señaló Ladrón de Guevara.
Advirtió que el cambio de jueces y las acciones de la Junta de Gobierno han retrasado los procesos legales, pero adelantó que una próxima audiencia está prevista para el 15 de octubre.
