Por Fanny Yépez
Mientras se organizan los comités para la entrega en los 212 ayuntamientos veracruzanos, algunas alcaldesas y alcaldes salientes están aprovechando para hacer su “año de Hidalgo”: están otorgando o subastando permisos de uso de suelo, están regularizando fraccionamientos y colonias sin supervisar que estas zonas tengan los servicios públicos indispensables, como agua potable, banquetas, alcantarillado, servicio de energía eléctrica, drenaje, y están negociando plazas de base para los trabajadores.
Lo más delicado que supuestamente está ocurriendo es que algunas comunas están otorgando contratos para la realización de obras que, por supuesto, no van a tener el tiempo para terminar.
Como era de esperarse, las comunas electas ya se dieron cuenta y, al tiempo que los ediles pusieron el grito en el cielo, pararon de golpe a los presidentes municipales en ejercicio que se quieren pasar de listos.
En algunos municipios ya se habían “vendido” bases entre 50 y 100 mil pesos. Ahora, al dar marcha atrás, los empleados que ya habían aportado el 50 por ciento de la cantidad requerida están demandando la reposición del dinero aportado.
Lo delicado del asunto es que ahora ningún funcionario se quiere hacer responsable de las sumas entregadas. Ante tal situación, los desafortunados trabajadores están amagando con presentar denuncias penales ante lo que ellos están considerando como un fraude.
Por eso y más que se nos escapa, recomendamos a los presidentes, síndicos y regidores revisar con lupa las obras reportadas como concluidas, hacer auditorías técnicas y financieras para no permitir actos de corrupción.
Tienen 90 días para recomponer la situación; de lo contrario, algunos ediles y funcionarios municipales pasarán de los palacios municipales a ser huéspedes de algunos de los centros penitenciarios que hay en el estado de Veracruz.
Mientras se aclaran estas oscuras historias, les informo que las responsabilidades del Comité de Entrega-Recepción serán las de integrar, conciliar, consolidar y verificar los documentos financieros, administrativos, patrimoniales, técnicos y jurídicos del periodo constitucional.
También es el de establecer estrategias de operación interna, definir mecanismos de coordinación y, en su caso, establecer acciones adicionales que se requieran para una óptima transición.
Las responsabilidades del Secretario Técnico son las de convocar reuniones mensuales de junio a diciembre, verificar avances y cumplimiento de disposiciones jurídicas y administrativas e informar al Comité, emitir recomendaciones y levantar actas, dar seguimiento a los acuerdos, avances y recomendaciones.
Cabe señalar que, al iniciar el mes de octubre, se inicia la tercera etapa. En este periodo se deberá capacitar a las autoridades electas y a los comités de recepción, fase que deberá concluir en el mes de noviembre próximo.
Asimismo, deberá desarrollarse una reunión de transición por lo menos una vez en el mes de diciembre. También se deberá actualizar e integrar de manera definitiva la documentación a partir de la quincena y hasta el 31 de diciembre próximo.
