Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. Una resolución del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación ha encendido las alarmas entre jueces federales y personal de mandos medios y superiores: quienes recibieron nuevos nombramientos a partir del 1 de septiembre de 2025 quedaron excluidos del Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) y del Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI).
El dictamen, aprobado por el Pleno del OAJ el pasado 5 de septiembre, sostiene que los funcionarios que acceden a un nuevo cargo deben ser considerados como “personal de nuevo ingreso”, lo que jurídicamente interrumpe la relación laboral previa y, por tanto, cancela el acceso a ciertas prestaciones históricamente reconocidas en el sistema judicial federal.
El criterio aplica tanto a jueces federales electos como a funcionarios que cambiaron de posición dentro del PJF o que fueron transferidos desde instancias como el Tribunal Electoral o la Suprema Corte hacia áreas como el OAJ o el Tribunal de Disciplina Judicial.
Según la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), incluso aquellos que tomaron licencias para asumir un nuevo encargo deben regirse por el tabulador actualizado, ya que dicha licencia implica una suspensión de la relación laboral.
La resolución puntualiza que sólo conservarán los seguros quienes mantenían su cargo sin interrupciones hasta el 31 de agosto de 2025. Los demás quedan sujetos al nuevo criterio, cuya vigencia se extenderá hasta diciembre de este mismo año.
Aunque la opinión jurídica fue calificada como de carácter orientador para las áreas administrativas y jurisdiccionales del PJF, en la práctica ya ha comenzado a aplicarse, generando malestar entre el personal afectado.
El sindicato responde: “No aceptaremos retrocesos”
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF manifestó su rechazo a la medida, al considerar que representa una vulneración directa a los derechos laborales adquiridos.
A través de un comunicado, señaló que la interpretación de los nombramientos como “reingresos” desconoce lo establecido en la reforma judicial, particularmente en el artículo Décimo Transitorio.
“El simple hecho de recibir un nuevo nombramiento se interpreta jurídicamente como una renuncia, lo que impacta en la seguridad social y el patrimonio de cientos de familias trabajadoras”, advirtió la organización.
El sindicato acusó al OAJ de disfrazar un recorte de derechos con tecnicismos legales y anunció que solicitará formalmente la revisión del criterio. En caso de no obtener respuesta favorable, adelantó que presentará denuncias por violación a las condiciones generales de trabajo.
“No aceptaremos retrocesos. Nuestros derechos no son un privilegio: son fruto de años de servicio. Cuando uno de nosotros resiste, resistimos todos”, concluyó el mensaje.
