Xalapa, Veracruz. Un tribunal federal revocó la vinculación a proceso por el delito de peculado en contra de Tomás Ruiz González y Gabriel De Antes Ramos, exsecretario y exsubsecretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte, acusados por el presunto desvío de más de 2 mil 038 millones de pesos del erario público.
La resolución se dio en el marco del proceso penal 166/2022, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito determinó que el auto de vinculación dictado en febrero de 2024 “carece de la debida fundamentación y motivación”.
Los magistrados consideraron que el juez de control no analizó de forma individual los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), sino que se limitó a exponer su resultado.
La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados María Elena Leguízamo Ferrer, Antonio Soto Martínez y el secretario Ricardo Reyes González, quien actuó como magistrado en funciones.
En este caso fue clave la declaración de Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de SEFIPLAN y testigo colaborador de la FGR, quien señaló directamente a sus exjefes —y al propio Javier Duarte— por el manejo indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF 2013).
Abdalá aseguró que los fondos federales fueron desviados a cuentas “concentradoras” con fines distintos a los autorizados, una práctica que, según su testimonio, era del conocimiento de toda la cadena de mando en la dependencia.
No obstante, el tribunal consideró que tales afirmaciones no bastaron para sostener la acusación, y ordenó dejar sin efectos la vinculación a proceso, además de convocar a una nueva audiencia en la que se deberá resolver la situación jurídica de los exfuncionarios.
En su resolución, los magistrados también declararon infundada la revisión adhesiva interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación, que buscaba mantener vigente la imputación.
Si bien la FGR conserva la posibilidad de relanzar la acusación si presenta nuevas pruebas, esta revocación representa un golpe jurídico a uno de los expedientes más emblemáticos del sexenio de Duarte, en el que se documentaron transferencias irregulares por más de 2 mil millones de pesos realizadas entre enero y diciembre de 2013.
Por ahora, el caso queda en pausa y con un mensaje claro: en los tribunales, la narrativa del desfalco no basta. Se requieren pruebas sólidas… o todo se cae.
