Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Gobierno de Veracruz acciones inmediatas para restablecer la seguridad y la gobernabilidad en el sistema penitenciario estatal, tras el violento motín ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, donde al menos siete personas murieron y once resultaron heridas.
El organismo nacional advirtió que los disturbios e incendios dentro del penal —provocados por personas privadas de libertad— estarían relacionados con presuntos actos de autogobierno, extorsión y cobros indebidos ejercidos por ciertos grupos internos en perjuicio de otros reclusos y de sus familias.
La CNDH señaló que ya en 2023 había lanzado alertas sobre las condiciones de riesgo en los centros penitenciarios del país, y lamentó que en Veracruz persistan deficiencias estructurales que ponen en riesgo la vida, integridad y derechos fundamentales de la población penitenciaria.
Según información oficial, hasta junio de 2023, las autoridades estatales habían reportado que los 17 penales de la entidad y el Módulo de Prisión Preventiva operaban sin riesgos visibles, bajo condiciones de orden y funcionamiento adecuado. Sin embargo, los hechos violentos registrados desmienten esa narrativa.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, elaborado por la propia CNDH, otorgó al penal de Tuxpan una calificación de 7.01, señalando entre sus principales carencias la falta de protocolos para prevenir violencia, ausencia de mecanismos de queja, supervisión limitada y una clasificación inadecuada de personas privadas de libertad. Para 2024, la evaluación global del sistema penitenciario veracruzano cayó a 6.31.
La Comisión subrayó que los esfuerzos para corregir estas deficiencias han sido insuficientes, y pidió al gobierno estatal garantizar el respeto a los derechos a la salud, integridad, alimentación, higiene y contacto con el exterior, especialmente en el caso de grupos en situación de vulnerabilidad dentro de los penales.
Entre los puntos más críticos, la CNDH llamó a eliminar prácticas de cogobierno y autogestión por parte de grupos internos, una situación que históricamente ha derivado en violencia, corrupción y descontrol en los centros penitenciarios del país.
También pidió atender la escasez de personal de custodia, así como aplicar de forma estricta los protocolos y manuales de actuación ante eventos violentos, para evitar que hechos como el de Tuxpan se repitan en otros penales.
Finalmente, el organismo nacional informó que mantendrá una vigilancia constante sobre las acciones del gobierno veracruzano para restablecer la seguridad interna del CERESO de Tuxpan, atender a las personas afectadas y garantizar que no haya impunidad frente a las causas estructurales del motín.
