Coatzacoalcos, Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó la Recomendación 30/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se documentaron actos de trato indigno y revictimización cometidos por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) contra los cuerpos y familiares de las víctimas del atentado al bar Caballo Blanco, ocurrido el 27 de agosto de 2019.
De acuerdo con el expediente CEDHV/1VG/COA/0480/2019, al menos 24 víctimas fueron tratadas sin respeto a su dignidad humana. Testimonios recogidos por la CEDH relatan que los cuerpos fueron entregados a sus familiares “desnudos, sucios, en descomposición” y hasta “dentro de bolsas de basura”. Algunos permanecieron al sol, tirados en el suelo y encimados unos sobre otros, sin medidas mínimas de preservación ni refrigeración.
“Uno de los cuerpos se encontraba completamente desnudo y sucio en el interior de una bolsa de nylon color negro”, señaló un familiar. Otro caso detalla que una servidora pública pretendía entregar un cadáver sin reconocimiento previo, únicamente a través de una fotografía.
La CEDH también concluyó que existió revictimización hacia los familiares, quienes denunciaron dilaciones en la entrega de información, condiciones insalubres en las instalaciones del SEMEFO de Cosoleacaque y daños psicológicos severos derivados de la forma en que recibieron los cuerpos.
La Comisión recomendó a la Fiscalía medidas de reparación integral, como atención psicológica, compensación económica, una disculpa pública y capacitación especializada para el personal forense. También exhortó a reforzar los protocolos en el manejo de cadáveres, a fin de evitar nuevas vulneraciones.
Sin embargo, la FGE rechazó el contenido de la recomendación, lo que impide su cumplimiento obligatorio y deja en entredicho el compromiso institucional con los derechos humanos de las víctimas.
El ataque al bar Caballo Blanco fue uno de los peores actos de violencia registrados en Veracruz: un grupo armado incendió el lugar con explosivos, bloqueó las salidas y dejó un saldo de al menos 34 personas fallecidas, la mayoría de las cuales fueron llevadas al SEMEFO donde se documentaron las irregularidades.
