Por Fanny Yépez
En febrero de 2023, el partido Acción Nacional enfrentó un golpe demoledor. Esto ocurrió en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, tras el veredicto de culpabilidad por narcotráfico en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012), Genaro García Luna, lo que fortaleció la narrativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Tomando como base esta catastrófica historia, que provocó que los partidos de oposición que se habían aliado perdieran las elecciones presidenciales y la mayoría de las cámaras, Morena ganó todo. Por ello, controla la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Si nos basamos en estos resultados lapidarios, preguntamos hasta dónde afectará a la 4T que a su líder camaral, Adán Augusto López Hernández, lo estén vinculando supuestamente con la organización criminal denominada “La Barredora”.
Y es que, al tabasqueño lo relacionan con quien fue su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, de quien aseguran llevaba una doble vida, fungiendo ante el ojo público como el titular de la SSP en el estado de Tabasco, pero en el clandestinaje encabezaba el grupo criminal.
Insistimos, ¿hasta dónde afectará al partido guinda en las elecciones intermedias que se celebrarán en 2027?
Morena y sus aliados (PVEM y PT) pelearán por mantener su poder mayoritario, ya que gobiernan 13 estados que estarán en contienda y tienen el control de la Cámara de Diputados.
La oposición intentará revivir porque, con la expansión del partido guinda, comenzó a perder gubernaturas y curules; mientras que Movimiento Ciudadano buscará seguir creciendo.
Aquí, en la entidad veracruzana, se elegirán diputados locales y federales. Los morenistas se preparan con todo y contra todo para no perder el control de los poderes legislativos, las 13 gubernaturas y la mayoría en los congresos estatales, entre ellos el del estado de Veracruz. Por ello, las huestes guindas buscarán blindarse de la reacción en cadena que está dejando el caso Adán Augusto López-Hernán Bermúdez, quien se encuentra prófugo de la justicia federal.
Ante ese panorama, surge la misma interrogante: ¿Adán Augusto verdaderamente ignoraba lo que hacía su secretario de Seguridad Pública? Esta espinosa interrogante la tiene que responder al pueblo la Fiscalía General de la República. Pero le pregunto, respetable lector: ¿usted qué opina al respecto?
Pero haciendo memoria, hay que destacar que en 2024 se recrudeció la violencia en la entidad tabasqueña; las cartulinas con mensajes de amenaza de “La Barredora” contra delincuentes de grupos contrarios eran constantes, y las ejecuciones se incrementaron.
A más de un año de aquello, las autoridades estatales revelaron que el exencargado de la seguridad en Tabasco era quien operaba como uno de los líderes del grupo criminal, y ahora está prófugo.
En ese entonces, el analista político Edgar Ortiz-Arellano comentó a la agencia EFE que el derechista Partido Acción Nacional (PAN), al que sirvió García Luna, es el que sale “con mayores daños y repercusiones negativas”, ya que el caso “habla de que el último gobierno que tuvo el PAN estuvo impregnado de una profunda corrupción en el área de seguridad”. En conclusión, muchos políticos, sobre todo los que comulgan con la izquierda, estuvieron absolutamente de acuerdo y apoyaron esa postura.
Ahora, a dos años de distancia, cuando muchos aplaudieron a raudales la sentencia de Genaro García Luna, hay que recordar que una corte civil del estado de Miami dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa, quienes deberán pagar 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante el sexenio de Felipe Calderón.
Las autoridades mexicanas presentaron una denuncia en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa por el cobro de sobornos de un conglomerado de empresas israelíes a través de contratos manipulados, que posteriormente transfería a una cuenta bancaria en Miami, en el estado de Florida, que costaron a las arcas del Estado más de 634 millones de dólares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, en octubre de 2024 dio a conocer más detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos.
De ese modo, se dio a conocer que el exsecretario de Seguridad, a través del tejido empresarial de Grupo Weinberg, obtuvo contratos por más de 700 millones de dólares, que fueron pagados a diversas empresas, entre ellas Nunvac Inc y GLAC, que recibió varios millones de pesos del Cisen y la Policía Federal. En ese sentido, Pablo Gómez resaltó que la empresa GLAC es propiedad de García Luna y su esposa.
Tras renunciar a su cargo, en 2024 se recrudeció la violencia en la entidad; las cartulinas con mensajes de amenaza de La Barredora contra delincuentes de grupos contrarios eran constantes, y las ejecuciones se incrementaron.
También hay que destacar que Hernán Bermúdez trabajó en la administración de Roberto Madrazo, quien ahora tiene una mala memoria de su señalado excolaborador, pero esa es otra historia. Por lo pronto, este mismo jueves la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, con la intención de detener o contrarrestar los daños colaterales, suspendió los derechos partidistas a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, investigado por su relación con el grupo criminal La Barredora, y perfila su expulsión.
