Por Sie7eDíasNoticias
Xalapa, Veracruz. Al menos 1,496 personas fallecidas recibieron apoyos de programas alimentarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz durante el último año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en 2024.
Según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de la Cuenta Pública 2024, la anomalía —detectada en esquemas como “Alimentación Escolar Fría y Caliente”, “Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días”, “Grupos Prioritarios” y “Emergencias”—, representa un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 3.4 millones de pesos.
El documento de la auditoría número 2012 practicada a los fondos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), también identificó a 275 personas que, sin cumplir el rango de edad requerido, recibieron apoyos por un monto adicional de 547 mil 900 pesos dentro del programa de Alimentación Escolar.
En conjunto, las irregularidades suman más de 3.9 millones de pesos observados por la ASF.
La gravedad de los hallazgos no se limita a los montos. La ASF subrayó que algunas de estas personas fallecidas ya habían sido observadas en ejercicios fiscales anteriores, es decir, no se corrigió el padrón de beneficiarios pese a las advertencias previas.
Este hecho motivó la emisión de un Pliego de Observaciones y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, al considerar que las omisiones podrían derivar en responsabilidades legales para funcionarios involucrados.
Los programas alimentarios observados están a cargo del Sistema DIF Estatal, cuyas funciones incluyen garantizar el acceso a alimentos para población vulnerable, especialmente niñas, niños y madres en situación de pobreza. No obstante, la auditoría revela que los mecanismos de control y validación del padrón de beneficiarios son insuficientes o ineficaces.
La ASF advierte que estos apoyos no solo se entregaron sin cumplir criterios básicos de elegibilidad, sino que persistieron patrones de simulación que comprometen el propósito social de los programas. En términos institucionales, esto no solo representa un uso indebido de recursos públicos, sino una violación al principio de legalidad en la gestión del gasto federalizado.
Los plazos legales obligan a las dependencias señaladas a solventar las irregularidades o responder jurídicamente ante la Auditoría Superior.
Este nuevo caso de apoyos a personas fallecidas se suma a una larga lista de observaciones que han manchado la ejecución del gasto público en Veracruz en años recientes.
En 2024, el Sistema DIF Veracruz era encabezado por Rebeca Quintanar Barceló, mientras que la dirección de Administración estuvo a cargo de Nitzia Guerrero Barrera. Ambas funcionarias eran responsables de la situación administrativa y operativa del organismo que hoy está en el centro de la observación pública.
