A pesar de figurar entre los 10 más votados, cinco se quedarán sin magistratura… y Aurelia en 21º

Xalapa, Veracruz. En la elección de magistradas y magistrados para integrar el nuevo pleno del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, los resultados dejaron una conclusión contundente: haber sido de los más votados no garantiza un lugar en el Tribunal.

De las diez personas con mayor respaldo en las urnas, solo cinco obtendrán una magistratura. Las otras cinco, a pesar de contar con votaciones superiores a los 140 mil sufragios, quedarán fuera del pleno debido a que sus especialidades no coincidieron con los espacios disponibles.

Entre los excluidos se encuentran perfiles como Adriana Morales García (234,800 votos), Sergio Jiménez Maraboto (164,311 votos), Luis Bernardo Fuentes Santos (156,657 votos), Estela Concepción García Carvajal (147,963 votos); y Hernán Cortés Rascón (141,510 votos).

Todas ellas y ellos habrían tenido más votos que la actual presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien en la votación total se ubicó en el lugar 21 con 106,274 votos. Sin embargo, permanecerá en el pleno y en la estructura judicial, gracias al acomodo de su especialidad en la distribución de cargos.

En contraste, la votación más significativa fue la de Rosalba Hernández Hernández, quien encabezó la elección con 276,812 votos, convirtiéndose en la próxima presidenta del Tribunal.

Entre los que también integran el top 10 de los más votados y que sí harán parte del nuevo Poder Judicial se encuentra Miguel Herrera González (180,688 votos), Mirza Abilene Rodas Espejo (166,473), Jonathan Máximo Lozano Ordoñez (137,705), y Fabiola Argelia Martínez Palma (131,542 votos).

El sistema de elección combinó votación popular con un mecanismo de competencia por especialidad en materias civil, penal, constitucional y familiar. Esto ha provocado críticas por limitar el acceso al cargo de perfiles ampliamente respaldados por la ciudadanía.

El caso reabre el debate sobre la legitimidad democrática frente al tecnicismo institucional, y plantea preguntas sobre la necesidad de reformas que garanticen mayor coherencia entre el voto ciudadano y los resultados en la integración del Poder Judicial.

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