En el mundo político veracruzano pocas cosas sorprenden, pero algunas sí preocupan. Y una de ellas es la creciente atención que ha despertado el papel de María Fernanda Sánchez Rubio, consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, quien —según fuentes bien posicionadas— estaría jugando un papel más allá del que le corresponde institucionalmente.
Sánchez Rubio asumió el cargo el pasado 20 de febrero de 2025, apenas hace tres meses, para un periodo de siete años. Llegó en sustitución de Roberto López Pérez, y con la responsabilidad de velar por la legalidad y equidad del proceso electoral en curso.
Sin embargo, su nombre ha comenzado a figurar en conversaciones políticas por un motivo distinto: su cercanía con la elección de magistrados en el Poder Judicial de Veracruz, proceso en el que el OPLE tiene injerencia directa.
¿La razón? Es esposa de Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, aspirante a una magistratura en materia constitucional. Y aunque esto no representa en sí mismo una irregularidad, lo que ha comenzado a levantar cejas es el supuesto acercamiento de la consejera con aspirantes a alcaldías de distintos municipios, a quienes —según se comenta— habría sugerido respaldo político para su esposo, como moneda de cambio para facilitar aprobaciones o trámites relacionados con sus planillas.
Hasta ahora, no hay pruebas documentadas de que estos encuentros hayan derivado en decisiones formales fuera del marco legal. Pero la coincidencia entre su reciente llegada al OPLE y la postulación de su esposo a un cargo judicial en el mismo periodo electoral pone en entredicho el principio de imparcialidad que debe regir a los órganos electorales.
El propio Jonathan Máximo no es un desconocido en la estructura política estatal. Su nombre se asocia con el panismo veracruzano, especialmente durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta del entonces magistrado Javier Hernández Hernández. Este último es esposo de la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón y, según diversas fuentes, socio profesional del consejero de la Judicatura Alfredo Corona Lizárraga.
Así, la red de relaciones políticas y jurídicas no es nueva, pero sí cada vez más visible. Y cuando una consejera electoral aparece ligada a un aspirante judicial dentro de una estructura de poder con vínculos de larga data, la institucionalidad entra en zona de riesgo.
Este no es un juicio. Es una señal. Porque la democracia se sostiene no sólo en leyes, sino en la percepción de legitimidad. Y si las decisiones del OPLE coinciden con intereses personales —aunque sea en el plano informal—, el daño ya está hecho.
Veracruz merece instituciones fuertes, imparciales y ajenas a cualquier forma de favoritismo. La línea entre la ética y la legalidad es delgada, pero existe. Y cruzarla, incluso sin intención, deja una marca difícil de borrar.
