La escena se viralizó en segundos. Durante una conferencia de prensa en abril de este año, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, respondió con una sonrisa —e incluso una breve risa— cuando reporteros le preguntaron sobre la presunta presencia de siete cárteles del narcotráfico en el estado, una cifra atribuida a declaraciones hechas anteriormente por su antecesor, Cuitláhuac García Jiménez.
Más allá del gesto espontáneo, lo que sorprendió a observadores y ciudadanía fue la aparente distancia del gobierno estatal con una problemática documentada desde hace años.
El asunto tomó un nuevo giro apenas unas semanas después, cuando la DEA publicó su informe 2025 sobre amenazas del narcotráfico, donde confirma la presencia operativa de tres cárteles mexicanos en Veracruz: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo (CDG).
El documento, titulado National Drug Threat Assessment, es categórico. Señala que estas organizaciones delictivas no solo trafican fentanilo y metanfetaminas, sino que han establecido redes complejas de distribución, financiamiento y lavado de dinero a través de México y Estados Unidos. En los mapas incluidos por la agencia estadounidense, Veracruz aparece como zona de influencia activa para estos tres grupos criminales.
Además, el informe detalla operaciones como “Top Fuel (Muerte Líquida)”, un esquema donde cárteles mexicanos están involucrados en el robo y contrabando de petróleo crudo de PEMEX hacia Estados Unidos, mediante empresas fachada. Se estima que este esquema ha provocado pérdidas fiscales multimillonarias para México y ganancias ilícitas para los grupos criminales.
Frente a este panorama, el contraste entre la narrativa institucional y los hallazgos documentales genera ruido. No se trata de buscar culpables en el lenguaje corporal ni de politizar la seguridad pública, sino de recordar que el reconocimiento del problema es el primer paso para enfrentarlo.
Veracruz no es ajeno al fenómeno del narcotráfico. Y aunque ningún gobierno estatal —actual o pasado— puede ser responsable único de una estructura criminal transnacional, sí le corresponde tomar posición clara frente a los diagnósticos serios.
El informe de la DEA no es una filtración ni una especulación: es una advertencia con respaldo técnico, que merece ser leída, discutida y atendida.
La risa quizá fue solo una reacción. Lo preocupante sería que también fuera una postura.
