En San Lázaro, las críticas contra la Secretaría de Bienestar ya no se murmuran. Se dicen de frente y con nombre. La diputada veracruzana Jessica Ramírez Cisneros fue la primera en señalar públicamente a Ariadna Montiel, titular de la dependencia. Pero no fue la única.
A su reclamo se sumaron otras voces del mismo estado: Dulce María Corina Villegas, Margarita Corro Mendoza, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Paola Tenorio Adame, y también Zenyazen Escobar Pérez, coordinador de los diputados federales veracruzanos de Morena.
Más allá de las formas, el fondo es claro: Veracruz, políticamente, no está satisfecho con la gestión de Bienestar. Y lo que podría parecer una queja local aislada, toma otro matiz cuando las voces inconformes coinciden en un mismo eje político: su cercanía con la gobernadora Rocío Nahle.
No es que se haya dado una orden. Pero en política, cuando quienes responden a una misma línea se alinean en el discurso, el mensaje ya no parece espontáneo.
Y si ese mensaje incomoda a una funcionaria federal, es inevitable leerlo también como un posicionamiento territorial.
El trasfondo va más allá de declaraciones. En los pasillos legislativos se dice que el malestar creció tras la negativa de recursos que se solicitaron para promover la elección de personas juzgadoras, como autorizó el Tribunal Electoral. Esa petición fue rechazada desde la coordinación parlamentaria de Ricardo Monreal.
Así, lo que parecía una gestión administrativa, se convirtió en una disputa política con epicentro en Veracruz y destino directo a la Ciudad de México.
¿Y cómo lo ve Ariadna Montiel? ¿Como reclamo genuino o como advertencia en voz ajena?
El mensaje ya se escuchó. Y en este juego, quien guarda silencio, también se posiciona.
