En Veracruz, cuando una obra pública se cae, no siempre es por las columnas. A veces, el colapso empieza en el papel: en los vicios administrativos, en las simulaciones jurídicas y en los amarres políticos que sostienen lo insostenible.
Así ocurre con el llamado “Nido del Halcón”, esa obra que iba a ser orgullo deportivo de Xalapa y que hoy no quiere recibir ni la propia gobernadora Rocío Nahle, a quien no le tiembla la voz para decir que no firmará bajo responsabilidad algo que claramente huele a trampa.
Pero la trampa no está solo en los acabados o en los plazos incumplidos. Está desde el primer trazo, en los archivos, en los oficios de adjudicación, en los expedientes de la tenencia del predio. Es decir: en los sótanos administrativos del gobierno anterior, donde lo legal y lo político se mezclaban con tal soltura que ya nadie sabía si estaban cumpliendo la ley o creando una a modo.
Ahí aparece el nombre de Diana Estela Arostegui Carballo, hoy magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz. Pero durante el sexenio pasado, más que impartir justicia, se dedicaba a operar desde Palacio de Gobierno. Ya no era la consejera jurídica del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero actuaba como si lo fuera. Y eso, en Veracruz, es más que suficiente.
Desde ese escritorio sin placa oficial, Arostegui y su equipo jurídico tuvieron un papel clave en los procesos administrativos que hoy nadie quiere explicar.
Tampoco es casualidad que en paralelo atendiera la agenda de Unidos Todos, la asociación de Eleazar Guerrero Pérez —primo del exgobernador, operador de todos los hilos morenistas y ahora diputado federal sin aliados ni destino, luego de que Nahle lo borrara del mapa político. Casualidades que no lo son.
Hoy, el Nido es un cascarón millonario, sin final claro. Y mientras el senador Manuel Huerta exige auditorías, la pregunta de fondo permanece: ¿se atreverá el nuevo gobierno a revisar no solo lo visible, sino los expedientes donde se incubaron estos vicios?
Porque esto no es un simple retraso de obra. Es una madriguera de irregularidades que solo alguien con memoria administrativa y acceso a los pasillos del poder puede explicar.
