En Veracruz, hay redes de poder que resisten los cambios sexenales y se reciclan con astucia en las entrañas del gobierno. Un ejemplo claro es Jorge Alberto Priego Chong, hoy subdirector de Notarías en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, bajo la administración de la gobernadora Rocío Nahle García.
El dato no sería escandaloso si no fuera por un detalle crucial: Priego Chong es notario adscrito de Jorge Amado Lince de la Peña, uno de los operadores jurídicos más eficaces del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal de confianza, Jorge Winckler Ortiz. Lince no sólo fue testigo, sino protagonista en las maniobras de despojo y extorsión orquestadas desde el yunismo.
Durante ese periodo, decenas de exfuncionarios de la administración de Javier Duarte fueron forzados a “donar” propiedades bajo amenaza de ser encarcelados.
La narrativa oficial en el bieno yunista (2016-2018) hablaba de “recuperación de bienes”, pero la realidad fue una cadena de simulaciones jurídicas: propiedades transferidas a gestores oficiosos sin rastro claro, notarios que legitimaban el proceso, fiscales que avalaban acuerdos turbios y operadores del Registro Público de la Propiedad que ocultaban los rastros.
En este esquema, Jorge Amado Lince de la Peña fue señalado por redactar acuerdos, encubrir y facilitar despojos, con la complicidad de personajes como Leopoldo Domínguez Armengual y Daniel Ortiz Peña, primo de Jorge Winckler. Tan evidente fue su participación que sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Hoy, uno de sus hombres de confianza, Jorge Alberto Priego Chong, ocupa una posición clave dentro del Registro Público, desde donde se puede acceder, manipular o bloquear información sobre propiedades. Un órgano técnico que se ha convertido en terreno de maniobra política.
La presencia de Priego Chong en este cargo no es menor. No se trata solo de un notario con pasado cuestionable, sino de alguien que fue parte estructural del equipo de Lince.
Y aquí es donde el discurso de la gobernadora Rocío Nahle entra en tensión. Ella misma ha denunciado ataques brutales en su contra durante la campaña, particularmente por supuestas irregularidades en su patrimonio.
¿Cómo se explica que el gobierno que prometió una transformación tenga en una de sus posiciones clave a un operador jurídico del viejo régimen yunista? ¿Cómo se justifica que quien fue parte del engranaje que saqueó, extorsionó y manipuló legalmente a decenas de personas hoy goce de poder técnico en el corazón de la información registral?
Este tipo de contradicciones erosionan el proyecto político de Nahle desde dentro. Le quitan autoridad moral y la colocan en un terreno frágil, donde el pasado le sopla en la nuca al presente.
Porque el Registro no solo archiva propiedades. También guarda silencios, complicidades y pactos. Y en Veracruz, eso es demasiado poder para dejarlo en manos equivocadas.
