En la Ciudad de México y en los pasillos políticos del Gobierno de Veracruz corre una versión que no ha pasado desapercibida: el comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, David Jiménez Rojas, presume a sus cercanos que está en la antesala de convertirse en el próximo Fiscal General del Estado de Veracruz. Y no lo hace solo, sino de la mano de un personaje que sabe operar desde las sombras: el empresario Fernando Padilla.
David Jiménez Rojas es un abogado con antecedentes poco claros, con investigaciones abiertas por presunta corrupción y un paso por el Registro Público de la Propiedad lleno de señalamientos por alteración de documentos.
A pesar de su opaco historial, encontró cobijo en el IVAI, donde no ha estado exento de polémica y de donde ahora se quiere catapultar hacia la Fiscalía General del Estado.
Fernando Padilla Farfán, empresario con contratos por más de mil 600 millones de pesos con gobiernos de Morena, se vincula directamente con el senador Adán Augusto López Hernández, a quien considera su amigo y operador de alto nivel. Padilla ha financiado campañas anticipadas, ha aparecido en escándalos de promoción personalizada y ha sido denunciado por utilizar sus empresas para colocar a aliados en posiciones clave del poder.
Este entramado cobra mayor relevancia si se considera que Adán Augusto y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, a pesar de militar en el mismo movimiento, son adversarios políticos. Nahle ha sido clara: “no somos iguales en muchas cosas”, dijo recientemente en referencia al exsecretario de Gobernación. La pugna interna podría tensar aún más la disputa por el control de la Fiscalía.
La mezcla no podría ser más cómoda para la impunidad: un comisionado con antecedentes cuestionables y un empresario que ha hecho de la política un negocio redondo. Si esta dupla se consolida, Veracruz podría tener un Fiscal General que no responda a la justicia, sino a los intereses de su promotor.
La Fiscalía del Estado no puede ser un botín político ni una oficina de favores. Veracruz necesita una institución fuerte, autónoma y con integridad. Pero si el plan sigue como se presume, lo que se avecina es una fiscalía de consigna, con un titular que cargará más expedientes personales que judiciales.
David Jiménez Rojas y Fernando Padilla no son nuevos en el juego del poder. Son parte de ese entramado donde los intereses económicos y políticos se entrelazan para capturar las instituciones públicas. Y si nadie levanta la voz, pronto veremos consolidado un nuevo pacto de complicidad al frente de la justicia veracruzana.
