La justicia de la que habla la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, tiene doble voz.
En un discurso se envuelve en el manto de la igualdad, promoviendo programas de apoyo a las mujeres y llamándolas a no sentirse solas. Pero en los pasillos del Poder Judicial, la realidad es otra: en lo que va de su administración, 413 “renuncias voluntarias” han sido presentadas, muchas de ellas de trabajadoras que, paradójicamente, deberían ser protegidas por la misma justicia que pregona.
El caso más reciente da mucho de qué hablar: previo a las conmemoraciones del #8M, dos mujeres de la Unidad de Género del Poder Judicial fueron despedidas. ¿Qué mensaje manda esto? ¿Que la justicia con perspectiva de género solo es un eslogan en los actos públicos? ¿Que la sororidad es un discurso bonito para las redes sociales, pero inexistente dentro de su administración?
Los programas como “Tarjeta Bancaria MujerEs” y “Amiga, Yo te Ayudo” se anuncian con bombo y platillo, pero la realidad es que las mujeres que trabajan dentro del Poder Judicial de Veracruz enfrentan incertidumbre laboral y maltratos. ¿De qué sirve un programa de apoyo si se somete a quienes lo aplican? ¿De qué sirve hablar de justicia si se construye sobre la injusticia?
Mientras la magistrada siga despidiendo mujeres en la sombra y aplaudiendo la equidad en la luz pública, su discurso seguirá siendo solo pantomima.
