Por Fanny Yépez
Las agresiones verbales, empujones, jalones, encierros, amenazas y golpes son violencia contra las mujeres.
Los delitos contra las mujeres son cualquier acción u omisión que cause daño a las mujeres por razones de género. Estos delitos pueden ser físicos, psicológicos, sexuales, económicos, patrimoniales o social.
Violencia institucional: son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Este preámbulo viene al caso por lo ocurrido este jueves en el Palacio Legislativo estatal, donde el funcionario del gobierno del estado Javier Landa jaloneo a la periodista, Concepción Sánchez, cuando intentaba entrevistar a la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina.
Con su cuerpo prácticamente bloqueo a la periodista, a quien detuvo con violencia evitando que Concepción Sánchez abordara a la secretaria de Cultura, quien no hizo nada para evitar este tipo de acciones, que cabe resaltar que lo tipifica como delito el codigo federal.
Ninguna autoridad ha condenado o siquiera reprobado esta acción del funcionario estatal, quien evidentemente incurrió en el delito de violencia institucional. A todo esto, se suma el silencio cómplice de la Comisión Estatal para La Atención y Protección de los Periodistas.
Todo esto sucedió, ante la mirada de funcionarios públicos, con ello tal parece que están convalidando o aprobando este tipo de actitudes violentas contra los periodistas.
En vísperas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuando muchos funcionarios se desgarrarán las vestiduras, asegurando que están en contra de la violencia en contra de las mujeres sucede esta agresión.
Que incongruencia, este mismo jueves, la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones del artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, por el cual actualizarían las atribuciones del Gobierno del Estado en esta materia.
Durante su participación en tribuna, la legisladora explicó que la finalidad de la propuesta es armonizar las normativas estatales con las reformas constitucionales, ampliando la cobertura de los mecanismos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a través de las secretarías de Gobierno, de Salud, de Seguridad Pública, de Educación, de Desarrollo Social y de Trabajo, Previsión Social y Productividad.
“El Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, a través de sus dependencias e instituciones tiene la responsabilidad de atender las necesidades de las víctimas y a la complejidad de la violencia, que hoy se ejerce en contra de ellas, en todas sus formas y sus ámbitos. Las violencias contra las mujeres afectan su calidad de vida, y son las autoridades quienes deben responder a las necesidades de las víctimas, con la finalidad que puedan desarrollar su vida en plena libertad”, afirmó.
Asimismo, indicó que los contextos actuales de la violencia contra las mujeres, las formas en que se ejerce y los avances normativos y de política pública que hoy existen para atenderla y erradicarla, obligan al Poder Legislativo a armonizar el marco vigente, garantizándoles el derecho humano a una vida libre de violencia.
Ante la importancia de visibilizar la desigualdad en que aún viven las mujeres, dijo, las y los legisladores “tenemos la oportunidad de cambiar la vida de las mujeres desde la legislación, si bien la ley no garantiza un cambio inmediato de la realidad, es el punto de partida para que las mujeres exijan sus derechos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.
Entonces, después de la agresión que recibió la compañera reportera, tendrán que agilizar ese estudio y dictamen y que, no solamente se convierta en una propuesta más en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“PA’LOS TOROS DEL JARAL, LOS CABALLOS DE ALLÁ MESMO…”
Nada extraño resulta el comportamiento de los aspirantes panistas a la alcaldía de Boca del Río, no miden las consecuencias y se están dando con todo para posicionarse.
El acoso y las amenazas de manera abierta no se dejan esperar, al grado que la ex diputada federal Mariana Dunyaska exigió que sean destituidos y expulsados del PAN, Maryjose Gamboa y Hugo Delfín, por amenazar a otra panista de nombre Esther Cruz Hernández en su propio domicilio.
El origen de esa amenaza es porque Esther decidió registrarse como precandidata suplente a la regiduría de Boca del Río, acompañando la postulación de Mariana Dunyaska, cuando apenas son aspirantes.
En tanto Marijose Gamboa que es la otra aspirante se hizo acompañar por el presidente del comité municipal del PAN, Hugo Delfín para tener mayor peso en sus acciones, pero con estos señalamientos se le podría complicar, al menos en su imagen que de por si viene muy manchada, pero que muchos saben que cuenta con el apoyo de la familia Yunes del Estero.
