Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, advirtió que es indispensable vigilar los bienes de exservidores públicos con sentencias firmes por daño patrimonial, para impedir que evadan el pago de los créditos fiscales que enfrentan.
Durante una conferencia de prensa, insistió en que los montos derivados de resoluciones judiciales no pueden quedar en el olvido, y que el seguimiento patrimonial debe ser una prioridad.
“El procedimiento administrativo ha llevado su curso. Hay sentencias firmes que favorecen a las arcas estatales y municipales, pero si no se ejecutan, de nada sirven”, expresó.
González Cobos confirmó que gran parte de los señalados formaron parte de la administración del exgobernador Javier Duarte.
Entre los nombres con montos más elevados se encuentra Arnulfo Octavio García Fragoso, ex tesorero de SEFIPLAN, con un crédito de 18 mil 763 millones de pesos.
También figuran Maritza Mendoza Rocha, ex directora de Programación y Presupuesto, con 744 millones de pesos; y Manuel Rosendo Pelayo, exalcalde de San Andrés Tuxtla, con 30 millones.
Otros exfuncionarios vinculados son Vicente Benítez González, ex oficial mayor de la SEV; Harry Grappa Guzmán, extitular de Turismo; así como exdirectivos del Instituto Veracruzano del Deporte y del fideicomiso FIDREVER.
Créditos fiscales suman más de 19 mil millones de pesos
De acuerdo con los registros del ORFIS, los créditos fiscales firmes por recuperar ascienden a 19 mil 598 millones 305 mil pesos, derivados principalmente de los ejercicios 2010, 2015 y 2016.
El año con mayores observaciones fue 2015, con más de 18 mil 789 millones, atribuidos en su mayoría a la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo. Los conceptos incluyen tanto indemnizaciones como sanciones administrativas.
Acciones legales para evitar maniobras evasivas
La auditora advirtió que algunos de los implicados podrían recurrir a maniobras para ocultar bienes y evitar los pagos, por lo que llamó a utilizar herramientas jurídicas como la acción pauliana, figura legal que permite revertir actos fraudulentos de los deudores.
“Si se detectan conductas dolosas para evitar el cobro, se deben analizar y sancionar. El Derecho prevé formas para actuar frente a quienes intenten disimular sus recursos”, indicó.
También informó que sostendrá reuniones con el titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes, para coordinar la ejecución de los cobros.
“No podemos seguir acostumbrándonos a conocer cada año montos de daño patrimonial sin que ocurra nada. Necesitamos otra visión institucional. Un nuevo chip, una cultura de cumplimiento”, remarcó.
Finalmente, hizo un llamado a frenar la impunidad:
“No podemos seguir viendo nuevos ricos mientras la ciudadanía sigue siendo lastimada. Todos debemos asumir nuestra parte”, concluyó.
